Dary Terrero
Santo Domingo, D.N.- El comunicador y consultor en temas de tránsito, Dary Terrero, respondió este miércoles a las declaraciones de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, quien propuso modificar la Ley 63-17 para establecer penas más fuertes contra quienes provoquen muertes por accidentes de tránsito.
Terrero consideró que la legislación ya contempla mecanismos claros para sancionar con severidad a los responsables de siniestros viales por imprudencias, sin necesidad de modificar su contenido.
“Recordamos a la procuradora que no hace falta cambiar la ley; lo que hace falta es aplicarla correctamente”, sostuvo.
“La ley prevé sanciones, pero no se investigan bien lis accidentes”
El especialista señaló que el artículo 303 de la Ley 63-17 establece que toda persona que, por imprudencia o violación a las normas, cause la muerte de otro puede enfrentar consecuencias penales, incluyendo prisión.
Sin embargo, aclaró que en la práctica esas sanciones no se aplican porque no existe un proceso de investigación técnica seria tras el accidente.
“La misma ley establece en su artículo 23 la creación de las Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes, bajo responsabilidad del Ministerio Público y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). Estas unidades deben levantar evidencias en el lugar del hecho, pero actualmente no están funcionando”, explicó.
Añadió que mientras estas unidades no operen adecuadamente, no será posible lograr condenas ejemplares, ya que la mayoría de los reportes se elaboran “desde un escritorio, sin evidencias sólidas que permitan imputar correctamente”.
“Cambiar la ley es solo una excusa para no aplicarla”
Terrero fue enfático al señalar que el discurso de modificación legal puede ser una vía para desviar la atención sobre la falta de cumplimiento actual.
“Lo que falta es voluntad institucional, no redacción legislativa. La ley es clara: contempla sanciones, responsabilidades y mecanismos. El artículo 24 incluso ordena la elaboración de informes técnicos y el envío de estos a las autoridades competentes”, puntualizó.
El consultor recordó que el artículo 24 detalla que las unidades deben determinar con precisión las causas de un accidente, lo cual permitiría al Ministerio Público actuar con base en pruebas firmes. “Pero mientras no haya una investigación in situ, todo proceso queda cojo”, subrayó.
Llamado a cumplir la normativa existente
Para Terrero, el enfoque debe centrarse en fortalecer la institucionalidad y activar los mecanismos ya contemplados por la Ley 63-17.
Reiteró que la tragedia diaria de las muertes por imprudencias en las vías no se solucionan con reformas improvisadas, sino con el cumplimiento integral de la legislación.
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