Dary Terrero
La controvertida Ley de Comunicación Social de Cuba, que desconoce a la prensa no oficial y permite la publicidad comercial por primera vez desde el triunfo de la revolución comunista en 1959, fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, más de un año después de su aprobación parlamentaria.
La normativa, acompañada de dos decretos regulatorios, es la primera de su tipo en la isla en 70 años y combina el alineamiento político de los medios autorizados, la regulación de los fenómenos digitales (incluidos ‘influencers’) y una cierta apertura para permitir la publicidad y los patrocinios comerciales.
La ley, que entrará en vigor en 120 días, fue aprobada por unanimidad en mayo de 2023 en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) tras una treintena de borradores y el retraso de medio año de su trámite parlamentario por falta de consenso interno. El vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), Onelio Castillo, aseguró en una conferencia de prensa al anunciar la publicación de la ley que se trataba de una “jornada trascendental” tras un largo proceso guiado por la “decisión política” del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).
“Cuba no solamente tiene una Ley de Comunicación Social y dos reglamentos que van a implementar jurídicamente una voluntad política, sino que también cierra un ciclo muy importante de 40 años de debate,” afirmó Castillo, quien se refirió a la ley como un “instrumento necesario para la política de información del país”.
Cuestionado al respecto, el vicepresidente del IICS negó que la ley hubiera tenido modificaciones sustanciales en el último año. Él mismo sostuvo en octubre pasado que la normativa estaba siendo “sometida a un proceso de revisión y corrección de estilo,” según publicó entonces el diario oficial Granma.
“La ley no tiene ningún cambio sustantivo que cambie su esencia” ni “ninguna transformación que signifique quebrar la voluntad” de los diputados, afirmó Castillo, quien aclaró que las modificaciones menores que se han introducido están asociadas al debate que se dio en la ANPP en torno a la ley.
El texto ha sido duramente criticado por diversas ONG y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial y deja a la deriva a los diarios digitales independientes.
La normativa prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de informaciones que puedan “desestabilizar el Estado socialista” tanto en los medios como en “el ciberespacio.” De igual forma, subraya que solo se permite la legalidad de los medios vinculados al Estado, el PCC y las organizaciones de masas en la órbita del partido.
La Constitución cubana de 2019 señala que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.”
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