Dary Terrero
En el Senado reposa un proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Infractores Sexuales de la República Dominicana, al que ingresarán durante 10 años los condenados por delitos de esa índole, a fin de alertar a población para evitar nuevas violaciones.
La iniciativa fue depositada por Pedro Antonio Tineo Nuñez, representante de Monte Plata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y se conocerá en las próximas sesiones. Deberá ser aprobada en dos lecturas seguidas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Si tiene éxito llegará al Palacio para ser promulgada por el presidente Luis Abinader.
De lograrlo, República Dominicana se uniría a la lista de países con plataformas similares, como Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, Brasil y Argentina, entre otros.
¿Cuáles son los delitos?
El artículo 1 de la pieza define al infractor sexual como la “persona condenada mediante sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o definitiva por la comisión de una infracción de naturaleza sexual”.
Mientras que el 8 señala los delitos por los que una persona ingresaría a la base de datos: acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 18 años, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, inducción a la prostitución.
También, constreñimiento a la prostitución, trata de personas, estímulo a la prostitución de menores, demanda de explotación sexual comercial, así como pornografía con menores de 18 años y turismo sexual.
En ese sentido, el registro tendrá los datos, como nombre, alias, cédulas, fotografía, direcciones de residencia, domicilio, residencia, lugares que frecuenta, el tipo de delito, la condena, el número se sentencia, el tribunal que lo condenó y su ADN (ácido desoxirribonucleico).
La Procuraduría será responsable de la plataforma y deberá mantener confidencial esas informaciones. Cuando el imputado haya cumplido la condena, el juez de la ejecución de la pena notificará 10 días antes para que sea ingresado al registro.
En junio del 2024, tras 10 años sin resultados, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los condenados por violación trabajar con niño. La pieza fue el Senado, donde está detenida.
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