Dary Terrero
SANTO DOMINGO. – La Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) manifestó este jueves su rechazo a la reciente aprobación en primera lectura del proyecto de ley que modifica el Código Laboral, advirtiendo que la reforma representa un retroceso que pone en riesgo la seguridad jurídica, la competitividad empresarial y el clima de inversión en el país.
Laura Peña Izquierdo, presidenta de la entidad, afirmó que el proyecto aprobado por el Senado desconoce consensos alcanzados durante años de diálogo técnico y social en el seno del Consejo Consultivo de Trabajo, el principal espacio tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores.
Denuncian eliminación de mecanismos de conciliación
Uno de los puntos más preocupantes para el sector empresarial es la eliminación de la conciliación previa, un procedimiento que, según COPARDOM, permitía resolver conflictos de forma ágil y económica.
La eliminación de este mecanismo —afirmó Peña Izquierdo— puede generar una sobrecarga innecesaria en los tribunales y elevar la litigiosidad laboral.
Además, cuestionó la modificación de las prohibiciones aplicables a los trabajadores, al eliminar restricciones sobre colectas en los centros de trabajo y propaganda religiosa, manteniendo únicamente la prohibición de propaganda política.
Críticas a nuevas cargas económicas
Otro aspecto señalado por COPARDOM es la obligación de pagar prestaciones laborales por concepto de jubilación o retiro, aun cuando el trabajador haya recibido una pensión bajo el sistema de capitalización individual del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Según la organización, esto distorsiona el principio de proporcionalidad y aumentaría los costos operativos de las empresas.
Asimismo, la entidad denunció que las nuevas exigencias para validar consignaciones judiciales mediante audiencias complican la ejecución de sentencias y exponen a las empresas a embargos preventivos, afectando la estabilidad financiera y operativa del sector productivo.
Zonas francas y libertad empresarial en riesgo
Peña Izquierdo advirtió que la disposición que obliga a las zonas francas a pagar participación en los beneficios de las empresas contradice los incentivos legales que han sostenido el éxito de ese sector exportador por más de tres décadas.
También expresó preocupación por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar días no laborables sin especificaciones claras sobre su pago, lo que —según dijo— genera incertidumbre en la planificación operativa y de costos del sector privado.
Además, la reforma contemplaría sanciones contra instituciones financieras en procesos de embargo, incluyendo pagos por cada día de retraso en la entrega de garantías, lo que, en opinión de COPARDOM, atenta contra la estabilidad del crédito.
Llamado a un diálogo tripartito auténtico
Frente al panorama descrito, COPARDOM calificó la reforma como regresiva, al entender que rompe el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la libertad empresarial.
La organización hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para retomar un diálogo tripartito auténtico, sobre la base de los consensos construidos en años de trabajo técnico conjunto.
“La reforma laboral debe ser moderna, inclusiva y equilibrada. Debe promover empleos de calidad, proteger los derechos fundamentales, pero también garantizar condiciones que fortalezcan la productividad y la sostenibilidad del aparato empresarial”, concluyó Peña Izquierdo.
Redacción DT
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