Dary Terrero
Santo Domingo. La celebración del XXIX Congreso Mundial del Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha convertido a la capital dominicana en el centro del debate jurídico internacional, mientras en el país persiste la controversia por la falta de consenso en torno a la aprobación de un nuevo Código Penal.
El evento, que reúne a destacados juristas de más de 40 países, exjefes de Estado, académicos y autoridades locales, ha servido de plataforma para discutir los desafíos actuales del Estado de derecho, incluyendo la necesidad de una legislación penal que se ajuste a los tiempos modernos, respete los derechos humanos y refuerce las garantías constitucionales.
Llamado a la actualización legislativa
Durante el acto inaugural, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que el fortalecimiento institucional no puede separarse de una normativa penal coherente con los principios democráticos.
En ese sentido, instó a que la República Dominicana avance hacia la aprobación de un nuevo Código Penal que supere las limitaciones del vigente, promulgado en el siglo XIX.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, coincidió en que la realización del Congreso en territorio dominicano “es un escenario propicio para impulsar una reforma penal moderna, que responda a la realidad social y jurídica del país”.
Añadió que el retraso en la aprobación de dicho instrumento legislativo ha generado vacíos legales y conflictos en la interpretación judicial.
Críticas a la democracia en tensión
Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas —entidad organizadora del congreso—, advirtió que “la democracia está bajo asedio” en muchos países, debido a la polarización política, la manipulación informativa, el debilitamiento de la justicia y el incumplimiento de las leyes.
“El Código Penal de una nación debe ser una herramienta de cohesión, no de división. Debe garantizar justicia y proteger derechos, sin dejar espacio para ambigüedades que pongan en riesgo las libertades”, expresó Cremades.
Reacción nacional
Mientras tanto, sectores de la sociedad civil, congresistas y organizaciones religiosas continúan divididos sobre el contenido del proyecto de Código Penal.
Los principales puntos de conflicto giran en torno a la despenalización del aborto en causales específicas, la tipificación de delitos como la corrupción, el feminicidio, los crímenes de odio, y los abusos sexuales cometidos por autoridades religiosas o estatales.
Los organizadores del Congreso insistieron en la necesidad de que los países democráticos avancen hacia leyes que reflejen los valores universales de dignidad humana, igualdad y debido proceso.
Juristas internacionales observan
La presencia de figuras como los expresidentes Leonel Fernández, de República Dominicana, e Iván Duque, de Colombia, así como la alcaldesa Carolina Mejía, reafirmó la relevancia del congreso.
Expertos internacionales seguirán debatiendo durante varios días sobre temas clave como justicia transicional, equidad legal y sistemas penales adaptados a contextos modernos.
El evento se realiza en medio de llamados desde distintos sectores a que el Congreso Nacional no postergue más la aprobación de un nuevo Código Penal, tras más de 20 años de discusiones y múltiples reintroducciones del proyecto de ley.
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