Dary Terrero
Santo Domingo. – Representantes del Congreso Nacional, el Gobierno y el sector empresarial coincidieron este miércoles en la necesidad de que la reforma a la Ley 225-20, sobre gestión de residuos sólidos, sea el resultado de un proceso técnicamente riguroso y sustentado en el consenso entre todas las partes involucradas.
Durante un encuentro celebrado en el marco del 62 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se reiteró que cualquier modificación a esta legislación debe proteger las inversiones en curso y evitar impactos negativos sobre el aparato productivo nacional.
Garantizan escucha activa y equilibrio financiero
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el Congreso priorizará la inclusión de todas las opiniones en el informe final que será presentado la próxima semana.
“La reforma será ambientalmente responsable, pero también financieramente viable”, puntualizó, garantizando la protección de quienes han invertido en soluciones biodegradables.
En tanto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la revisión del proyecto será exhaustiva para evitar medidas que puedan afectar de forma abrupta a industrias, gobiernos locales y empresas manufactureras.
“Trabajaremos junto a todos los actores para construir los consensos necesarios”, dijo.
Gobierno reitera su apertura al diálogo
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, reafirmó la disposición del Gobierno a concertar con todos los sectores involucrados.
Señaló que la meta es lograr una ley que combine el desarrollo industrial con una gestión ambientalmente responsable.
“Queremos avanzar en una legislación moderna, que no solo imponga, sino que también incentive buenas prácticas”, sostuvo el funcionario.
Oposición condiciona respaldo a resultados concretos
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió que su apoyo a la modificación de la Ley 225-20 dependerá de los beneficios tangibles que esta ofrezca al país sin poner en riesgo empleos ni estabilidad económica.
“No apoyaré una reforma que dañe al aparato productivo nacional”, expresó.
CONEP y AIRD reclaman criterios técnicos y sostenibles
Desde el liderazgo empresarial, el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, llamó a que la reforma sea sustentada en estudios técnicos y datos verificables.
“Estamos de acuerdo con regular, pero tiene que hacerse bien y con base científica”, dijo, destacando que muchas empresas ya están avanzando hacia modelos de producción sostenible.
Por su parte, Circe Almánzar, exvicepresidenta ejecutiva de la AIRD, mostró preocupación por las posibles cargas adicionales que podrían recaer sobre las industrias que ya han implementado mecanismos de reciclaje o tecnologías biodegradables.
“La ley debe reconocer a quienes ya están comprometidos con soluciones sostenibles y no penalizarlos con regulaciones generalizadas e inflexibles”, subrayó.
Reforma debe diferenciar materiales y proteger inversiones
Durante el acto, se insistió en que la reforma no puede ser una transición forzada ni un retroceso para las empresas que han realizado inversiones significativas.
Se destacó que no todos los residuos tienen el mismo nivel de impacto y que es fundamental distinguir entre los materiales de alto riesgo ambiental y aquellos ya adaptados a procesos biodegradables.
Los líderes políticos, empresariales y del Gobierno concluyeron que una ley reformada debe fortalecer el compromiso del país con el desarrollo sostenible, sin comprometer el clima de inversión ni la generación de empleos.
Agregar comentario