Dary Terrero
El gremio empresarial valora la actualización del marco jurídico como un paso hacia el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad jurídica.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) saludó la aprobación y promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, considerándola un hito relevante en la modernización del sistema legal nacional, tras décadas de intentos fallidos por alcanzar el consenso.
A través de un comunicado, la organización que agrupa al sector empresarial manifestó que esta reforma representa un avance importante al dotar al país de una legislación penal actualizada, más alineada con los desafíos actuales de la convivencia democrática y el orden institucional.
Compromiso con la institucionalidad
“El CONEP reafirma su compromiso con una institucionalidad que evolucione de forma permanente, con una justicia que promueva seguridad jurídica y confianza ciudadana”, señala el texto difundido.
La entidad también valoró que el nuevo marco penal sirva como soporte para el desarrollo económico y social del país, al ofrecer mayor claridad jurídica y herramientas para enfrentar de forma más efectiva la criminalidad organizada y los delitos modernos.
Llamado a mantener el debate democrático
Aunque respaldó la reforma, el CONEP reconoció que en toda transformación legal existen sectores con puntos de vista divergentes. En ese sentido, enfatizó la importancia de mantener abierto el debate democrático como una vía legítima para expresar preocupaciones, sugerencias o disensos.
“El país necesita avanzar, pero también escuchar”, subraya el comunicado, en referencia a los grupos que han planteado objeciones a artículos específicos del nuevo Código Penal.
Una reforma largamente esperada
El nuevo Código Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader el domingo, sustituye una normativa que databa del año 1884.
La reforma endurece las sanciones contra la criminalidad organizada, amplía el catálogo de delitos modernos y refuerza las capacidades del Ministerio Público y los jueces para enfrentar fenómenos como el sicariato, la corrupción y la violencia de género.
En opinión del CONEP, este nuevo marco legal envía una señal positiva sobre la capacidad del país para modernizarse en el plano institucional, aspecto esencial para generar confianza entre inversionistas, organismos multilaterales y la ciudadanía en general.
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