Dary Terrero
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en cumplimiento de sus atribuciones legales, emitió este lunes la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701 mediante la cual dispone la cancelación y suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos cometidos contra la Administración pública.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que esta decisión se fundamenta en las informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación, así como en la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
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