Dary Terrero
El diputado Eugenio Cedeño advirtió que varias de las propuestas presentadas por la Procuraduría General de la República al proyecto de reforma del Código Penal podrían significar retrocesos en materia de garantías ciudadanas.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, donde se discuten las observaciones del Ministerio Público al texto aprobado previamente por el Senado, Cedeño expresó su inquietud sobre la orientación de algunos de los cambios, particularmente en lo relativo al feminicidio y a la validez de las pruebas electrónicas.
Feminicidio y tratamiento agravado
Uno de los temas más delicados es la nueva clasificación del feminicidio.
La Procuraduría propone que elementos como la exposición pública del cadáver, el abuso sexual post mortem o la sevicia no formen parte del tipo penal específico, sino que sean tratados únicamente como agravantes del homicidio.
Cedeño reconoció que, aunque personalmente no considera que el feminicidio tenga gran fundamento jurídico como figura autónoma, eliminarlo sin un análisis técnico profundo podría interpretarse como una regresión en los esfuerzos por erradicar la violencia de género.
Riesgos a las garantías ciudadanas
Otro aspecto que el legislador criticó es la intención del Ministerio Público de ampliar el uso de pruebas tecnológicas sin detallar de manera precisa las condiciones de su obtención ni los límites legales.
Según Cedeño, esta falta de claridad podría dar paso a violaciones del debido proceso, al permitir que evidencias se obtengan sin autorización judicial o fuera de una cadena de custodia confiable, lo que pondría en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Equilibrio entre justicia y derechos
Para el diputado por La Romana, el país necesita un Código Penal que cumpla con una doble función: castigar eficazmente el delito y, a la vez, preservar las libertades individuales. Recalcó que el enfoque del Ministerio Público parece más orientado a facilitar la persecución penal que a proteger al ciudadano.
En ese contexto, hizo un llamado a sus colegas para revisar cuidadosamente las propuestas y no dejarse llevar por presiones institucionales o mediáticas, ya que las consecuencias de una mala reforma podrían afectar a generaciones futuras.
Proceso legislativo en curso
El proyecto sigue siendo objeto de revisión por parte de los diputados, luego de años de postergaciones por asuntos controversiales como las tres causales del aborto, la discriminación por orientación sexual y las penas por corrupción.
Aunque ya fue aprobado sin causales ni sanciones por discriminación de género u orientación sexual, persisten cuestionamientos de diversos sectores que piden garantías de que el nuevo Código no violente derechos adquiridos.
El panorama legislativo continúa abierto, y las próximas sesiones serán decisivas para definir el destino final de una de las leyes más importantes del sistema penal dominicano.
Redacción DT
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