Dary Terrero
Santo Domingo, RD. – El procurador adjunto Wilson Camacho cuestionó este jueves que el Poder Judicial mantenga un discurso a favor de los acuerdos penales, pero en la práctica adopte decisiones que los desincentivan, a propósito de las medidas impuestas a los implicados en la Operación Lobo.
Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, lamentó que pese a la insistencia de los tribunales en promover la vía de los acuerdos, sus acciones terminan enviando señales contradictorias.
Ministerio Público defiende coherencia
“Desde el Ministerio Público lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica. Y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró Camacho al referirse a los imputados que admitieron su culpabilidad, todos sometidos a arresto domiciliario.
El alto funcionario recalcó que el órgano persecutor mantendrá su política de acuerdos siempre que haya cooperación con la investigación.
Advirtió, además, que la Operación Lobo podría tener una segunda fase, ya que los sobornos detectados en contratos de seguridad pública apenas son una muestra de la magnitud del entramado.
“El esquema de corrupción que afectó a varias instituciones públicas es mucho más amplio de lo que hemos presentado. Vamos a ir por todos”, expresó.
Detalles de la audiencia
Durante la audiencia de medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena impuso arresto domiciliario a cinco imputados que admitieron los hechos.
Ellos son: Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, el coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos.
Otros cinco imputados, que no admitieron su participación, recibieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Se trata del mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Camaño Pérez, y el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Impacto institucional y cargos
La estructura delictiva afectó a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las tres distribuidoras de electricidad (EdeNorte, EdeEste y EdeSur).
A los imputados se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos.
Los cargos se fundamentan en artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Además, enfrentan imputaciones por violar el artículo 146 de la Constitución, que sanciona la corrupción administrativa en el ejercicio de funciones públicas.
Fiscalía reafirma su compromiso
El equipo del Ministerio Público en esta audiencia estuvo encabezado por Camacho y compuesto por la procuradora Mirna Ortiz, de la Pepca, junto a los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Camacho finalizó su intervención destacando la importancia de fortalecer la coherencia institucional en la lucha contra la corrupción. “No basta con predicar. Hay que actuar con responsabilidad”, sentenció.
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Salvador Holguin
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