Dary Terrero
La detención del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue confirmada este jueves por Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, en un breve video sin audio en el que se ve el momento del arresto.
Guanipa es un estrecho colaborador de María Corina Machado y figura clave en la oposición venezolana.
Cabello destacó que el procedimiento fue “limpio”, aunque el contexto en el que lo afirma ha generado más suspicacias que tranquilidad.
“Claro que es limpia —dicen opositores— si ustedes mismos graban el video. ¿Pero qué hay de lo que pasa cuando se apagan las cámaras?”.
Temores por el debido proceso y fabricación de cargos
Sectores opositores y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que pueda ocurrir con Guanipa una vez dentro del sistema penitenciario, al que acusan de servir como instrumento de represión política.
La historia reciente de Venezuela está plagada de casos en los que opositores han sido detenidos arbitrariamente, sin orden judicial válida, y procesados con expedientes fabricados que incluyen acusaciones de terrorismo, conspiración o “traición a la patria”.
“¿Le respetarán el debido proceso o, como ya es costumbre, le inventarán delitos?”, se preguntan activistas, recordando lo ocurrido con otros presos políticos como Leopoldo López, Roland Carreño y el capitán Rafael Acosta Arévalo, este último asesinado mientras estaba en custodia militar en 2019.
Silencio sobre los cargos
Hasta el momento, el régimen no ha especificado los motivos legales que llevaron al arresto de Guanipa, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una nueva arremetida contra la oposición organizada en torno a Machado, de cara a las elecciones presidenciales de julio.
Guanipa ha sido un férreo opositor del chavismo y fue electo gobernador del Zulia en 2017, aunque nunca llegó a asumir el cargo por negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por Maduro.
Escenario político tenso
Este arresto se produce en medio de crecientes tensiones en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado la persecución contra figuras cercanas a la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada políticamente por el régimen pese a haber ganado la primaria presidencial de la oposición en 2023.
Organizaciones internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
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