Dary Terrero
El Defensor del Pueblo valoró como positiva la decisión del Ministerio de Trabajo de entregar de forma directa el bono navideño a miles de trabajadores portuarios del país, tras reclamos de exclusión, descuentos y opacidad en el manejo de los fondos por parte de algunos sindicatos.
La medida fue anunciada por el ministro Eddy Olivares, quien respondió a una solicitud de varios gremios que representan a trabajadores de los puertos en diferentes provincias.
Retenciones indebidas encendieron las alarmas
De acuerdo con las investigaciones del Defensor del Pueblo, algunas organizaciones sindicales estaban reteniendo hasta 4,500 pesos del bono navideño que corresponde legalmente a los trabajadores.
Esta situación fue calificada como “irrazonable e inaceptable” por el titular del Ministerio de Trabajo, quien reconoció las denuncias tras una reunión sostenida entre representantes sindicales, el Defensor del Pueblo y los empleados portuarios.
Excluidos sin justificación
Durante un encuentro celebrado el 30 de marzo en Azua, más de 2,800 portuarios agrupados en 16 sindicatos manifestaron que no recibieron el pago del bono navideño correspondiente al año 2024, a pesar de haberlo recibido en años anteriores.
El Defensor del Pueblo detectó una discrepancia entre las listas de beneficiarios de 2023 y 2024, lo que provocó la exclusión de decenas de trabajadores sin que se ofreciera explicación oficial.
Estas irregularidades motivaron que la institución constitucional solicitara al Ministerio de Trabajo la revisión del proceso de depuración de las listas y la aplicación rigurosa de la Ley núm. 199-02, que reconoce el derecho de los portuarios al bono navideño.
Transparencia y cumplimiento de la ley
El Defensor del Pueblo consideró como un paso correcto la decisión de las autoridades laborales de transparentar los pagos, para garantizar que el incentivo llegue de forma íntegra a cada trabajador sin descuentos irregulares ni manipulaciones sindicales.
Además, reiteró su compromiso de seguir acompañando a los gremios y empleados del sector portuario para asegurar que se respeten sus derechos adquiridos y que las asignaciones estatales sean entregadas sin intermediarios que perjudiquen a los beneficiarios.
La revisión ordenada por el Ministerio de Trabajo permitirá que los trabajadores que fueron injustamente excluidos en 2024 sean reincorporados a los listados oficiales, y que los recursos lleguen directamente a sus manos.
El Defensor del Pueblo instó a las demás instituciones públicas a seguir este ejemplo de fiscalización y justicia social, al tiempo que alertó sobre la necesidad de fortalecer la supervisión sobre los sindicatos que administran fondos provenientes del Estado.
Garantía institucional para los trabajadores
La intervención del Defensor del Pueblo fue clave para que se corrigieran las omisiones detectadas, y su rol continúa siendo fundamental para lograr que los trabajadores portuarios reciban con justicia lo que la ley les concede.
La decisión del Ministerio de Trabajo representa un alivio para cientos de familias que dependen de este incentivo económico y que estaban al margen por razones arbitrarias o por decisiones unilaterales de sus propios gremios.
Con esta acción, se fortalece la transparencia en el uso de los fondos públicos, se reconoce el sacrificio de los portuarios y se envía una señal clara de que la institucionalidad puede corregir distorsiones cuando se actúa con responsabilidad.
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