Dary Terrero
Santo Domingo.– El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril mientras se celebraba una fiesta con el merenguero Rubby Pérez, continúa generando repercusiones legales.
Hasta la fecha, se han interpuesto ocho querellas formales y cinco denuncias ante el Ministerio Público contra los propietarios del emblemático centro nocturno.
El trágico desplome provocó la muerte de al menos 232 personas, de acuerdo con las cifras preliminares ofrecidas por autoridades forenses.
Entre las víctimas mortales figura Catherine Marie Najri Nadal, joven cuyo nombre fue objeto de confusión en días recientes.
Madre de víctima presentó la más reciente denuncia
La última acción legal fue depositada por Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, quien falleció en el incidente.
Esta querella se suma al creciente número de reclamos por parte de familiares que exigen justicia ante lo que consideran una negligencia criminal.
Una fuente de entero crédito del Ministerio Público reveló que la señora Nadal Porro presentó su denuncia amparada en pruebas que vinculan a los propietarios del Jet Set con un prolongado historial de descuido estructural en el establecimiento.
Ministerio Público desmiente rumores sobre el INACIF
En medio del proceso judicial, el Ministerio Público desmintió que Catherine Marie Najri Nadal no figurara en la lista oficial de fallecidos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), como se había difundido en algunos medios.
“Ella está debidamente registrada entre las víctimas. Se trata de una información falsa que no tiene ningún respaldo documental”, indicó un funcionario judicial que prefirió mantenerse en el anonimato.
Familiares piden cárcel para responsables
La indignación entre los familiares continúa creciendo. Representantes legales de varias familias han señalado que la tragedia pudo haberse evitado si los propietarios del local hubiesen atendido advertencias previas sobre filtraciones, debilitamiento del techo y fallos en la estructura.
El Ministerio Público analiza la posibilidad de ampliar la investigación a contratistas y supervisores técnicos que, según denuncias, tenían conocimiento de las fallas y no actuaron.
Posibles implicaciones penales
Las querellas presentadas alegan violaciones al Código Penal Dominicano y a normativas de seguridad civil.
Algunas incluyen cargos como homicidio involuntario, negligencia criminal y ocultamiento de información relevante.
De ser encontrados culpables, los propietarios podrían enfrentar penas de prisión, además de indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas.
Las autoridades han reiterado su compromiso de actuar con independencia y rapidez en este caso que ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de inspección de lugares de entretenimiento.
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