Dary Terrero
El alcalde del Distrito Municipal de Monserrat, Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, fue arrestado en Baní por su presunta participación en una red de trata de personas y falsificación de documentos del Estado Civil.
Su detención, sin embargo, duró apenas unas horas, ya que fue liberado en circunstancias no esclarecidas, pese a la gravedad de las acusaciones que enfrenta.
Operativo conjunto y persecución
El arresto se produjo durante un operativo encabezado por agentes de la Policía Nacional, inspectores y miembros del Ministerio Público vinculados a la Junta Central Electoral. La operación se inició en Santo Domingo y culminó en Baní, tras una breve persecución.
Las autoridades lograron incautar libros oficiales presuntamente sustraídos de la Oficialía del Estado Civil de Neyba.
Según fuentes cercanas al caso, estos documentos eran utilizados para realizar alteraciones ilegales en registros de nacimiento.
Vínculos falsos con personas fallecidas
Uno de los hallazgos más alarmantes es que los libros del Estado Civil habrían sido usados para simular vínculos de filiación entre ciudadanos vivos y personas fallecidas.
Este tipo de fraude es comúnmente empleado por redes de trata de personas para facilitar documentos de identidad con datos alterados o falsificados.
La supuesta estructura criminal tenía como finalidad facilitar documentos dominicanos a personas extranjeras, principalmente haitianos, mediante procedimientos fraudulentos y apoyándose en registros oficiales alterados.
Silencio oficial tras la liberación
Pese a que el arresto fue informado por fuentes oficiales y confirmado con la incautación de evidencias físicas, la posterior liberación del alcalde ha generado un manto de dudas y preocupación pública.
Hasta la noche del viernes, ninguna institución había emitido un comunicado explicando los motivos de su excarcelación.
Diversos sectores han cuestionado la falta de transparencia en torno al caso. Organizaciones sociales y comunitarias han exigido que se aclare si el alcalde sigue siendo investigado o si fue desvinculado del expediente por falta de pruebas.
Preocupación por impunidad
Este episodio alimenta la percepción de impunidad cuando se trata de funcionarios públicos involucrados en delitos complejos.
La rapidez de la liberación y el silencio institucional refuerzan la necesidad de mayor vigilancia ciudadana sobre los procesos judiciales en que están implicadas autoridades electas.
Analistas consideran que este tipo de acciones debilitan la credibilidad del sistema de justicia, especialmente cuando se relacionan con redes de trata y falsificación de identidad, delitos con alto impacto en la seguridad nacional.
Llamado a la JCE y al Ministerio Público
Activistas de derechos humanos y abogados penalistas han solicitado al Ministerio Público y a la Junta Central Electoral un pronunciamiento claro sobre el alcance de la investigación, y si se abrirán procesos disciplinarios o penales contra otros posibles implicados en la red.
Mientras tanto, el alcalde Ramírez Reyes continúa en funciones, y la comunidad de Monserrat permanece a la espera de una explicación oficial sobre el incidente.
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