Dary Terrero
Santo Domingo.– El empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, acudió este miércoles de manera voluntaria a la sede de la Procuraduría General de la República, acompañado por sus abogados, en el marco de las investigaciones sobre el colapso del techo del emblemático centro de espectáculos, ocurrido el pasado 8 de abril.
El desplome del plafón, que dejó un saldo de al menos nueve muertos —entre ellos el legendario merenguero Rubby Pérez— y varios heridos, ha motivado una amplia investigación por parte del Ministerio Público, a fin de establecer posibles responsabilidades penales y administrativas.
Buscan esclarecer responsabilidades
La comparecencia de Espaillat, quien ya ha ofrecido declaraciones públicas sobre el estado estructural del local, forma parte de las diligencias que realiza el Ministerio Público para determinar si hubo negligencia o violaciones a las normas de seguridad y mantenimiento en el funcionamiento del establecimiento.
Según trascendió, los fiscales asignados al caso profundizan en los antecedentes del inmueble, los permisos de operación, los registros de inspección técnica y los trabajos realizados en el techo en los días previos al siniestro.
En declaraciones anteriores, el empresario admitió que el plafón del local era de yeso, que presentaba filtraciones desde la década de los ochenta, y que nunca se sometió a una verificación estructural completa. También dijo que el día de la tragedia se había cambiado parte del plafón.
Víctimas exigen justicia
Familiares de las víctimas y sectores de la sociedad civil han pedido que se llegue hasta las últimas consecuencias con esta tragedia, calificando como inaceptable que un local de alta concurrencia funcionara en condiciones inseguras.
Varios testigos han afirmado que, antes del colapso, ya se habían presentado episodios de desprendimientos menores y advertencias de técnicos contratados, sin que se adoptaran las medidas correctivas necesarias.
Ministerio Público continúa pesquisa
Hasta el momento no se han impuesto medidas de coerción ni se han formalizado cargos en contra de Espaillat, aunque el Ministerio Público no descarta ningún escenario legal.
La investigación también contempla la posible participación de funcionarios que habrían fallado en sus labores de supervisión.
Las autoridades evalúan posibles violaciones al Código Penal, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a normativas de construcción y operación de espacios públicos.
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