Dary Terrero
Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, volvió a colocarse en el centro de la controversia al no acudir este martes a la citación emitida por la Fiscalía de Santiago, que lo requiere para responder a una querella por presunta difamación y delitos cibernéticos interpuesta por Arnulfo Gutiérrez Almonte.
Pese a haber sido notificado personalmente y advertido sobre las consecuencias legales de su inasistencia, incluyendo una posible orden de arresto, Martínez ignoró la convocatoria judicial, lo que ha sido interpretado por muchos como un acto de abierto desafío a las autoridades judiciales del país.
Se ampara en problemas de salud
Aunque su ausencia generó fuertes críticas, fuentes cercanas al comunicador alegan que su no comparecencia se debió a un quebranto de salud.
Trascendió que la noche del martes habría sufrido un supuesto infarto, situación que podría haberle impedido asistir al requerimiento legal.
Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentada una certificación médica oficial ante la fiscalía que respalde esta versión, ni se ha notificado formalmente una excusa legal por parte de sus abogados.
Lo acusan de campaña de descrédito
La querella depositada contra Martínez en abril de este año señala que ha liderado una presunta campaña de descrédito sistemático contra el empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte, a través de sus plataformas digitales.
Los representantes legales del querellante aseguran que Martínez se ha lucrado mediante la publicación constante de contenido difamatorio y ofensivo, lo que encuadra dentro de los delitos establecidos en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Asimismo, se considera que sus acciones vulneran principios fundamentales relacionados con la libertad de expresión responsable, al usar sus medios como plataforma para acusaciones sin sustento, afectando el honor y la reputación de ciudadanos.
Posibles consecuencias legales
La incomparecencia de Ángel Martínez podría derivar en consecuencias legales más severas. De mantenerse su negativa a presentarse, la fiscalía podría solicitar ante un juez una orden de arresto para garantizar que rinda cuentas ante el sistema judicial.
Además de la acción penal en curso, el comunicador enfrenta una creciente presión pública debido a los límites entre libertad de prensa y el respeto a los derechos fundamentales.
La controversia también ha reabierto el debate sobre la regulación de contenidos digitales, la responsabilidad de los comunicadores en medios digitales, y el uso de plataformas para influir en la opinión pública con denuncias sin fundamentos probatorios.
Silencio y expectación
Hasta el cierre de esta edición, Martínez no ha emitido una declaración formal sobre su ausencia. En sus espacios digitales no se ha referido al caso ni ha ofrecido justificaciones sobre el incumplimiento de la citación.
La expectativa ahora se centra en si el Ministerio Público procederá a solicitar medidas coercitivas o si se permitirá una nueva oportunidad para que comparezca voluntariamente.
El caso podría sentar un precedente importante para futuras acciones judiciales vinculadas a difamación en medios digitales, especialmente cuando se mezcla la opinión personal con la divulgación de datos sensibles o infundados.
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