Dary Terrero
Organizaciones de derechos humanos advierten que nuevas políticas migratorias implementadas en República Dominicana estarían obligando al personal médico a reportar a migrantes en situación irregular, generando miedo entre quienes requieren atención de salud urgente.
La denuncia fue hecha pública por Amnistía Internacional, que alertó sobre casos de mujeres embarazadas y personas con necesidades médicas críticas que evitan acudir a hospitales ante el riesgo de ser deportadas.
Según la entidad, estas medidas no solo violan derechos fundamentales, sino que representan una forma de racismo institucional desde el Estado dominicano.
Más de 180 mil deportaciones desde octubre
Desde el mes de octubre, República Dominicana ha deportado a más de 180,000 personas, de acuerdo con estimaciones independientes.
Muchas de ellas fueron expulsadas mediante procedimientos que, según denuncias, no garantizan el debido proceso ni condiciones humanitarias durante las detenciones.
Las medidas coinciden con el fortalecimiento de operativos de detención de migrantes, especialmente haitianos, en distintas regiones del país.
Testimonios recopilados por organizaciones civiles indican que incluso quienes acuden a centros de salud en busca de ayuda pueden ser objeto de redadas.
Médicos en una encrucijada
Varios profesionales del área médica habrían recibido presiones para reportar a pacientes sin documentación, una situación que crea un dilema ético y pone en peligro la confianza entre la comunidad migrante y el sistema de salud.
El temor a ser arrestados o deportados ha provocado que muchas personas opten por no acudir a hospitales, lo que podría agravar condiciones médicas tratables, aumentar los partos domiciliarios sin asistencia profesional y generar un impacto negativo en la salud pública general.
Amnistía: se trata de racismo institucional
Amnistía Internacional calificó estas políticas como “una forma de racismo institucional disfrazado de control migratorio” y exigió al presidente Luis Abinader detener las expulsiones colectivas.
La organización subraya que el acceso a servicios de salud es un derecho humano que no debe depender del estatus migratorio de la persona.
El organismo insiste en que la política migratoria debe regirse por principios de dignidad, legalidad y no discriminación, y que negar atención médica por razones migratorias representa una clara violación de compromisos internacionales suscritos por el país.
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