Redacción DT
La aprobación en el Senado de la República de la ley de residuos sólidos mantiene en sesión permanente a la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD). Ahora que la pieza pasará a la Cámara de Diputados, el vice presidente ejecutivo de ese gremio, Mario Pujols recomendó que, si el propósito es usar la ley para financiar a los ayuntamientos, el gobierno debería tomar los 1,200 millones de pesos que al año se destina en la institución Eco 5 RD.
«Entendemos las carencias que en la actualidad tienen los ayuntamientos, pero la ley de residuos sólidos no puede ser el mecanismo para trabajar lo que tiene que ver con el financiamiento de los ayuntamientos y que si hay una premura con un tema de fondos corrientes para poner sobre la mesa, recomendamos que se observen los 1,200 millones de pesos que recibe anualmente la institución Eco 5 RD, que está bajo el Ministerio de la Presidencia, que es una figura establecida por el decreto 28-23 y que tiene facultades similares al Ministerio de Medio Ambiente y al Fideicomiso Do Sostenible», sugirió Pujols.
Explicó que el sector que representa siempre ha sido respetuoso del trabajo legislativo, pero no deja de sorprenderle la forma en que se hizo la aprobación, en el sentido de que no se les dio la oportunidad de compartir sus preocupaciones, como tampoco el Senado convocó al órgano regulador que es el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso DO Sostenible para escucharlos.
«Cómo gremio lo que defendemos es esa transparencia a la que están acostumbrados, tanto desde el Senado de la República como desde la Cámara de Diputados, para poder hacerle propuestas y nos permitan explicar la manera de establecer plazos más largos, estrategias distintas o aportes que podamos hacer», explicó Mario Pujals.
Detalló que ahora que la pieza pasará a la Cámara de Diputados la AIRD estarán tratando de aportar luz y ponerse en fila para proponer las preocupaciones transversales que tienen como gremio que en esencia son cinco y que a continuación citamos:
El tema de la contribución la cual ha sido objeto de un incremento que va de un 60% para las microempresas hasta un 3,700% para la empresa grande, en donde las pequeñas y medianas empresas también se verían afectadas con aumentos que van de 150% a 300%.
Este aumento la AIRD lo considera desproporcionado pues según Pujals es un aumento adicional de 25,000 millones de pesos para el fideicomiso.
«De estos 25 mil millones que se estaría recibiendo, si esta modificación que se hizo el artículo 36 prospera, implica que los 20,000 millones van a recaer de manera directa sobre los hombros de todo el andamiaje productivo en República Dominicana y 5,000 millones de pesos que vienen también de manera directa por un artículo que establece que el 0.5% de las recaudaciones fiscales del gobierno irían directo al fideicomiso», explicó
El vicepresidente ejecutivo de AIRD, destacó que dicha ley no es una herramienta por la cual debe de motorizarse el financiamiento de los ayuntamientos, pues estos tienen la Ley 166-03, la cual establece el 10% de ingresos fiscales, puntualizó no se ha podido cumplir porque el gobierno no le está dando ni un 5%.
Otras preocupaciones que externó Pujols son las que tiene que ver con el uso obligatorio de combustible derivado de residuos, pues indicó que las empresas productoras de cemento del país fueron sorprendidas, ya que de las 6 que hay, de entrada, dos no pudieran cumplir con esa disposición porque no producen klinker.
«Aquí se procura que en un plazo de unos cinco años se utiliza un 30% de combustible, lo cual España que es nuestra referencia en materia de residuos sólidos no ha podido cumplir no ha podido cumplir en 20 años», puntualizó
Sobre el uso de resina reciclada reveló que por igual el uso obligatorio está establecido para que al 2027 se utilice un 30%, cuando España tampoco ha podido hacerlo en los 10 años que tiene trabajando de manera espectacular el tema de residuos sólidos.
Al referirse al uso obligatorio de tapas de «polipropileno», Mario Pujols cuestionó esto, indicando que en República Dominicana se ha venido utilizando las tapas de los envases plásticos de «polietileno» y no ha sido obstáculo para los procesos de reciclabilidad.
En lo que tiene que ver con una disposición que estaba en la ley del año 2020, que establecía que los rellenos sanitarios no se podían establecer en menos de un kilómetro de distancia de industrias y de centros poblacionales de por lo menos 2,000 personas, advirtió que ahora mismo «todo el sector de alimentos y bebidas está en completo estrés» de solo imaginarse que una de esas empresas que tenga su certificación sanitaria, tenga un relleno a su lado.
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