Dary Terrero
- Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) encendió las alarmas este lunes al advertir que el proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en la República Dominicana podría tener consecuencias desastrosas para la economía formal del sector y la estabilidad de más de 20 mil empleos directos en todo el país.
La propuesta legislativa fue introducida por el Poder Ejecutivo al Senado con el objetivo de establecer un marco legal para la supervisión, fiscalización y combate al lavado de activos en el ámbito de los juegos de azar.
ADOBAD denuncia impacto económico y social
Francisco Pérez, representante de ADOBAD, aseguró que existen más de tres mil 500 bancas deportivas registradas y operando legalmente, las cuales aportan significativamente al Producto Interno Bruto y al ecosistema económico nacional.
De aprobarse esta pieza legislativa sin las modificaciones pertinentes, advirtió que se vería comprometida la operatividad de una parte importante de estas empresas, afectando no solo a los dueños de negocios, sino también a miles de trabajadores que dependen de esta actividad.
Según la entidad, el documento sometido permitiría la venta masiva de juegos electrónicos virtuales en establecimientos sin condiciones mínimas de seguridad ni control, lo que facilitaría el acceso de menores de edad a estos productos.
Riesgo para menores y colapso del sistema
Desde ADOBAD, se sostiene que el proyecto, lejos de establecer un orden legal, profundizaría el descontrol ya existente en algunos segmentos del mercado.
Francisco Pérez calificó la propuesta como una “potencial catástrofe social y económica”, advirtiendo que fomentaría la proliferación indiscriminada de apuestas y aumentaría la vulnerabilidad de los sectores más frágiles de la población, incluyendo a los adolescentes.
“Esto sería un caos mayúsculo que ni el Estado podría contener. Las familias dominicanas se verían expuestas a un nivel de riesgo nunca antes visto”, afirmó con preocupación.
Fallos estructurales y falta de consultas
La organización también denunció que el proyecto de ley fue elaborado sin consultar a los principales actores del sector. Nicolás Bahamón, consultor de ADOBAD, señaló que ninguna asociación de empresarios del área de apuestas deportivas y casinos fue tomada en cuenta durante el proceso de diseño de la normativa.
“El proyecto apareció de forma sorpresiva y responde solo a intereses específicos. Fueron excluidas las bancas deportivas, pese a haber invertido millones para cumplir con lo dispuesto por la Ley 29-06 y el decreto 63-22 emitido por el propio Gobierno en 2022”, puntualizó Bahamón.
Tributación desigual y riesgo de evasión
Uno de los puntos más criticados por la Asociación es el nuevo esquema tributario planteado en la iniciativa legislativa, el cual —según ADOBAD— establece condiciones fiscales altamente perjudiciales para las bancas deportivas, pero concede exenciones a otros tipos de negocios como agencias hípicas y bancas de lotería.
Este desequilibrio, dicen, podría generar una migración forzosa de operadores hacia otras modalidades con menor carga fiscal, debilitando la base tributaria y promoviendo el crecimiento del juego clandestino.
“Sería una involución. Se perdería la efectividad del proceso de regularización iniciado por el Gobierno, y se pondría en riesgo la recaudación del Estado”, enfatizó Bahamón.
ADOBAD pide revisión profunda
Tanto Francisco Pérez como Nicolás Bahamón hicieron un llamado urgente a los legisladores para que abran un proceso de revisión y diálogo antes de aprobar esta ley.
Plantearon la necesidad de un consenso amplio que incluya a todos los sectores involucrados, para evitar daños irreparables en el tejido económico y social del país.
“La solución no puede ser atropellar al sector formal. Hay que construir una regulación realista, justa y efectiva, que garantice el control, pero también la sostenibilidad del empleo y la inversión privada”, concluyó ADOBAD.
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Redacción DT
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