Dary Terrero
Una denuncia pública señala que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) no ha cumplido con un decreto presidencial que ordena titular terrenos a favor de un ciudadano, lo que ha provocado usurpaciones, ocupaciones ilegales y temor a posibles enfrentamientos.
El conflicto gira en torno a la Parcela 21-C-2 del Distrito Catastral 32, en Santo Domingo Este, adquirida en 2013 por Juan Rivera Cordero, quien posee respaldo legal y una orden expresa del Poder Ejecutivo.
Decreto ignorado por las autoridades
El 10 de marzo de 2025, el presidente Luis Abinader emitió el decreto número 3625, en el que faculta expresamente al director ejecutivo del CEA a vender, ceder y transferir la parcela al señor Rivera Cordero. A pesar de ello, el director del CEA, Rafael Burgos, no ha ejecutado el mandato.
Los abogados del afectado aseguran desconocer las razones de la inacción, pero advierten que esta omisión está siendo aprovechada por terceros para ocupar el terreno sin derecho legal.
Señalan componenda con ocupantes ilegales
El principal señalado en la ocupación irregular es Jangle Vásquez Rodríguez, representante de las empresas DOCAR S.R.L. y Grupo Nativa-Credigas.
Según la denuncia, Vásquez habría ingresado al terreno acompañado de hombres armados, en franca violación a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.
A pesar de múltiples decisiones judiciales y administrativas favorables a Rivera Cordero, Vásquez mantiene su presencia en el lugar y habría incrementado las maniobras para tomar control del área.
Los abogados consideran que hay una posible alianza entre el ocupante y funcionarios del Estado, lo que agrava aún más la situación.
Riesgo de violencia en la comunidad
El retraso en la ejecución del decreto está provocando tensiones crecientes. Los denunciantes advierten que la situación podría derivar en enfrentamientos violentos si no se actúa de inmediato.
“Esto es una bomba de tiempo. Ya hay armas involucradas, y la gente que vive alrededor tiene miedo”, dijo uno de los representantes legales. Exhortaron al presidente Abinader a tomar cartas directas en el asunto para evitar una tragedia.
Además, pidieron al Defensor del Pueblo y a la Procuraduría General de la República intervenir y supervisar la actuación del CEA y de otros actores envueltos.
Llamado a respetar el Estado de derecho
La denuncia también señala que permitir este tipo de desacatos sienta un precedente peligroso para otros procesos de titulación en el país.
“El presidente emitió un decreto claro, y las instituciones deben obedecer. No puede ser que un funcionario subordine una decisión presidencial ni que el Estado deje en el desamparo a un ciudadano que ha cumplido todos los requisitos legales”, afirmaron.
Los afectados reiteraron su confianza en que el Gobierno tomará acción para hacer valer el Estado de derecho y frenar cualquier intento de privatización ilegal de bienes públicos.
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