Dary Terrero
El presidente Luis Abinader emitió este miércoles el decreto 268-25, mediante el cual dispone la creación de una comisión consultiva encargada de estudiar el marco jurídico migratorio de la República Dominicana.
La iniciativa busca analizar en profundidad las leyes y normativas vigentes en materia migratoria, con el objetivo de formular recomendaciones que puedan ser presentadas al Poder Ejecutivo para su eventual reforma o actualización.
Comisión será honorífica y temporal
La comisión tendrá carácter temporal y honorífico. Estará coordinada por Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, y estará integrada por un equipo de juristas expertos en derecho público y privado.
Entre los integrantes figuran Jimena Conde Jiminán, Justo Pedro Castellanos Khoury, Juan Manuel Rosario, Belén Catalina del Toro, Lenis García Guzmán, Javier A. Suárez, Félix Tena de Sosa y Jatzel Román González.
Revisión integral del marco legal
La comisión deberá revisar con rigor el actual entramado legal que regula los flujos migratorios, así como su aplicación en el contexto nacional, regional e internacional.
Se espera que este análisis permita identificar vacíos legales, contradicciones normativas o deficiencias operativas en la gestión de la política migratoria, para posteriormente proponer ajustes que garanticen mayor eficiencia, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales.
Respuesta institucional ante un desafío nacional
El presidente Abinader ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de modernizar la política migratoria del país, especialmente ante la creciente presión migratoria proveniente de Haití y otros países de la región.
La creación de esta comisión responde a esa visión y forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para proteger la soberanía, reforzar el control fronterizo y asegurar una convivencia social armónica basada en reglas claras.
Aporte técnico al debate migratorio
Con esta decisión, el gobierno apuesta por un enfoque técnico, participativo y legalista para abordar una de las problemáticas más complejas y sensibles de la agenda nacional.
Se prevé que, tras concluir su análisis, la comisión entregue un informe con recomendaciones al Poder Ejecutivo, el cual podrá derivar en proyectos legislativos o reformas institucionales.
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