Fiscales rechazan modificación del artículo 174 de la constitución

Durante una asamblea extraordinaria, un grupo de fiscales dominicanos expresó su rechazo a la propuesta de modificación del artículo 174 de la constitución, la cual busca cambiar la forma en que se eligen a los miembros del Ministerio Público.

La discusión se centró en las implicaciones que esta modificación tendría sobre la independencia y autonomía de la institución, aspectos que consideran fundamentales para la justicia en el país.

La reunión, celebrada en la Procuraduría General de la República, contó con la participación de fiscales de distintas regiones.

Estos manifestaron su preocupación por lo que consideran un intento de politizar aún más el sistema judicial, lo que pondría en riesgo la imparcialidad en la persecución del delito.

Argumentos en contra de la reforma

Los fiscales sostuvieron que el cambio propuesto podría afectar la independencia del Ministerio Público, al permitir que el Poder Ejecutivo tenga una mayor injerencia en la elección de los fiscales.

Argumentaron que esta medida podría convertir a la institución en una herramienta política, lo que iría en detrimento de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Asimismo, expresaron que cualquier modificación a la constitución debería garantizar una mayor autonomía y transparencia en la designación de los miembros del Ministerio Público, en lugar de otorgar más poder al gobierno de turno.

En ese sentido, hicieron un llamado a los legisladores para que reconsideren la propuesta y busquen alternativas que fortalezcan, en lugar de debilitar, la institucionalidad.

Llamado a la unidad y al diálogo

Al finalizar la asamblea, los fiscales coincidieron en la necesidad de mantenerse unidos para enfrentar esta situación.

También hicieron un llamado al diálogo con las autoridades para buscar una solución que no comprometa la independencia del Ministerio Público.

Por último, advirtieron que, de aprobarse la modificación del artículo 174, estarían dispuestos a tomar acciones legales para revertir la decisión, asegurando que no permitirán que la justicia en la República Dominicana sea manipulada por intereses políticos.