El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio.
En un comunicado, Blinken llamó a una transición pacífica del poder, instando tanto al oficialismo como a la oposición a comenzar conversaciones en este sentido.
Blinken enfatizó que «la abrumadora evidencia demuestra que González Urrutia fue el candidato más votado», y expresó el apoyo de Estados Unidos a la restauración de las normas democráticas en Venezuela.
También criticó el manejo del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Nicolás Maduro, afirmando que el proceso de conteo de votos y el anuncio de resultados carecieron de transparencia y credibilidad.
La oposición venezolana, que había publicado más del 80% de las actas de escrutinio, corroboró que González Urrutia ganó con un margen significativo.
Las encuestas y los recuentos rápidos confirmaron estos datos. Sin embargo, el reconocimiento de Maduro como vencedor por parte del CNE no estaba respaldado por pruebas suficientes.
Blinken también condenó las acusaciones de Maduro contra líderes opositores, incluyendo a González y María Corina Machado.
Describió las amenazas de arresto como intentos de reprimir la participación política y pidió la liberación inmediata de aquellos detenidos mientras ejercían su derecho al voto o demandaban transparencia en el proceso electoral.
Antes de la declaración de Blinken, Machado había señalado estar bajo resguardo debido a amenazas de detención por parte de las autoridades venezolanas.
Las protestas contra la falta de transparencia resultaron en la detención de más de 1.200 personas y la búsqueda de otras 1.000, con al menos 11 muertos según el Foro Penal.
La presión internacional, incluyendo a países como Argentina y Chile, y organizaciones como la OEA y el Centro Carter, pidió la publicación de las actas desglosadas y una verificación independiente de los resultados.
Desde 2014, aproximadamente 7,7 millones de venezolanos han dejado el país debido a la crisis económica y el deterioro social, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).