En República Dominicana, las autoridades han identificado 6,043 operaciones que se consideran sospechosas de violar las normas de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este número se extrae del informe estadístico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), una dependencia del Ministerio de Hacienda dedicada a monitorear posibles actividades ilícitas. La cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) casi se ha duplicado en cinco años, pasando de 3,853 en 2019 a 6,043 en 2024.
Además de las ROS, la UAF también monitorea transacciones en efectivo, que alcanzaron las 677,000 en 2023. Aunque estas transacciones no necesariamente se etiquetan como sospechosas, son observadas por si acaso.
De acuerdo con un reporte de GAFILAT, en República Dominicana se confiscan aproximadamente 130 millones de dólares USD en dinero en efectivo anualmente en casos tipificados como lavado de activos. Esta cifra no incluye bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos ilícitos.
El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen ilegal de los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la corrupción y el fraude fiscal. Las autoridades dominicanas han implementado la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para combatir este problema.
Según el informe de la UAF de 2023, las principales razones para generar los ROS fueron: posible estructuración de fondos (37.17%), fraude/estafa (18.41%), posible delito tributario (16.22%), falta o insuficiencia de documentación que valide el origen de los fondos (8.87%), temas reputacionales (7.91%), comportamiento inusual (3.27%), entre otros.
Las bancas de apuestas representan un caldo de cultivo para actividades sospechosas. En la Encuesta Nacional de Mipymes, se reportó que operan 56,933 bancas de apuestas, el 12.1% de todas las compañías formales e informales que contribuyen a la economía dominicana.
El blanqueo de capitales puede tener un impacto negativo en la economía de la República Dominicana al distorsionar la economía, causar inestabilidad financiera y provocar pérdida de ingresos fiscales, ya que los fondos ilícitos no están sujetos a impuestos.
Las autoridades dominicanas continúan trabajando para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a través de la implementación de leyes y la vigilancia constante de las transacciones sospechosas.
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