Sigfrido Pared Pérez advierte sobre potenciales abusos bajo la nueva ley del DNI

Cinco meses después de la promulgación de la Ley 1-21, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), persisten las críticas por su presunta inconstitucionalidad.

El exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia, ahora DNI, Sigfrido Pared Pérez, ha expresado su preocupación por la reforma de la ley, aprobada por el Senado en enero de este año.

Pared Pérez señaló que, aunque la Ley 1-21 era necesaria para actualizar la entidad, considerando que la normativa anterior databa de 1978 y era muy básica, lamentó la inclusión del artículo 11 que impone la obligatoriedad de proporcionar información.

“Este artículo compromete la naturaleza de un organismo de inteligencia, que debe obtener información sin coerción. No es correcto presionar a periodistas para que entreguen información cuando se puede obtener de otras formas,” afirmó el exfuncionario.

Este reglamento obliga a todas las personas e instituciones, tanto públicas como privadas, a entregar cualquier tipo de información al DNI. Pared Pérez considera esto preocupante.

“Un director prudente y democrático del DNI podría manejar la falta de cooperación adecuadamente. Sin embargo, otro director podría abusar de esta disposición, arrestando a periodistas o ciudadanos sin justificación. El artículo 11 ha distorsionado completamente la Ley del DNI,” subrayó.

El exdirector sugirió que el Gobierno debería haber modificado este artículo, pero aún no lo ha hecho. Según él, “es un error que no han corregido”.

“Solo es necesario eliminar ese artículo y las penas asociadas en los artículos 22 y 23. Formaron una comisión, pero no han hecho nada. Simplemente eliminando estos tres artículos se resolvería el problema,” detalló Pared Pérez.

Pared Pérez lamentó que, a pesar de las protestas del año pasado, no se ha tomado ninguna acción para rectificar la situación. Afirmó que esta ley, tal como está, permite que cualquier persona sea víctima de abuso por parte de un oficial del DNI.

El nuevo reglamento estuvo en el Congreso desde 2021, cuando el Poder Ejecutivo lo presentó al Senado. Aunque fue prorrogado varias veces, finalmente fue impulsado por los legisladores Milciades Franjul, Julito Fulcar y Pedro Tineo.

Reacciones en contra

Participación Ciudadana fue una de las organizaciones que se opusieron firmemente. Advirtió repetidamente sobre la inconstitucionalidad del reglamento, señalando que la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial violaría el derecho fundamental a la privacidad.

Participación Ciudadana solicitó una reformulación inmediata, advirtiendo que cualquier interpretación contraria sería inconstitucional.

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, también criticó la ley, afirmando que “está mal hecha de cabo a rabo” y que no necesita modificación sino derogación completa.

“Es una ley típica de regímenes autoritarios y dictaduras. Es un retroceso en la lucha contra la corrupción porque otorga al DNI prerrogativas para investigar delitos de lavado de dinero y asuntos tributarios, interviniendo en la vida privada de las personas,” subrayó meses atrás.

Entidades periodísticas como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD) y otras organizaciones también expresaron su temor de que la ley pueda tener consecuencias negativas en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.