Kelvin Cruz, quien también es alcalde de La Vega y presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma), expresó su preocupación por las informaciones recibidas sobre ayuntamientos como Pedro Brand, Boca Chica, Tamayo, y Fantino, que han iniciado un «festival de aumentos de salarios de manera apresurada».
Cruz recordó a los concejos de regidores que la Constitución establece claramente que “ninguna institución pública o autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.
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En su declaración, Cruz explicó que incluso si se tratara de aplicar una resolución aprobada por el Concejo de Regidores de la gestión anterior, la alcaldía debe cumplir con varios criterios:
- Obtener la opinión favorable del Contralor Municipal.
- Identificar la fuente de los fondos.
- Asegurarse de que el aumento no sobrepase el tope de gasto para el pago del personal.
- Verificar si el aumento fue iniciativa del alcalde, ya que solo él tiene iniciativa presupuestaria.
- Confirmar que el aumento esté contemplado en el presupuesto de este año.
Cruz destacó que estas acciones aisladas entorpecen y debilitan la confianza que se ha venido ganando desde la municipalidad.
Adelantó que el liderazgo municipal está trabajando en el anteproyecto de Ley Orgánica de la Administración Local para establecer criterios que reglamenten los salarios de los servidores públicos municipales, priorizando a los más vulnerables como recolectores de desechos sólidos, bomberos y policías municipales, muchos de los cuales cobran menos de tres mil pesos al mes.
Cruz hizo un llamado a la Liga Municipal Dominicana, al Ministerio de Administración Pública, al gabinete de descentralización y a las entidades municipalistas para conformar una comisión o mesa de trabajo que elabore una propuesta para aumentar la transferencia a los gobiernos locales en un 6%, apoyar la eficientización del cobro y la recogida de desechos sólidos, y desarrollar e implementar planes de ordenamiento territorial, entre otras medidas urgentes que deben ser incluidas en el programa de reforma impulsado por el Gobierno.
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