El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción contra cuatro colaboradoras del Instituto Leonardo Da Vinci, arrestadas por su presunta responsabilidad en la muerte de la niña Stephpora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.
Las autoridades pidieron imponer a cada imputada una garantía económica de 50 millones de pesos, a través de una aseguradora, así como impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de localizadores electrónicos.
Las medidas fueron solicitadas contra:
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Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa
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Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo
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Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora
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Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario
El órgano acusador afirmó que estas medidas son “idóneas y proporcionales” a los hechos imputados y están amparadas en el artículo 226 del Código Procesal Penal.
La acusación incluye los delitos de homicidio involuntario (artículo 319 del Código Penal), abandono y maltrato a menores (artículo 351-2 del mismo código) y violaciones al artículo 14 de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
La niña murió el pasado 14 de noviembre al ahogarse en una de las piscinas del centro turístico, a donde fue llevada junto a otros estudiantes del colegio, ubicado en la Carretera Don Pedro, Santiago.
La investigación está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Según el expediente, el colegio movilizó 87 niños con solo 3 cuidadoras, sin salvavidas, sin verificar si sabían nadar, y sin tomar en cuenta la profundidad de las piscinas. El Ministerio Público asegura que existe un video que evidencia “negligencia extrema” en el manejo del grupo durante el paseo.
Asimismo, las autoridades solicitaron al Ministerio de Educación realizar una inspección conjunta al centro educativo para identificar prácticas que puedan poner en riesgo el interés superior del niño.








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