Redacción DT
SANTO DOMINGO.-El abogado Francisco Álvarez Martínez desató un intenso debate público tras publicar en la red social X un análisis crítico sobre el deterioro del Registro Mercantil en la República Dominicana, especialmente en el Distrito Nacional. Según expone, trámites que antes se completaban en cuestión de horas o pocos días, hoy pueden tardar semanas o meses, afectando directamente a empresarios, ciudadanos y asesores legales.
Álvarez Martínez recordó que, aunque las cámaras de comercio son entidades privadas, administran una función pública, por lo que están sujetas a los principios de la administración pública, a la Ley 107-13, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información y a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0291/14), que establece el carácter público de sus actuaciones.
El jurista también señaló que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) es el órgano rector encargado de supervisar a las cámaras y garantizar el buen funcionamiento del Registro Mercantil, una responsabilidad respaldada por la Ley 37-17. Sin embargo, aseguró que la institución no ha ejercido con firmeza sus facultades de fiscalización.
Los problemas —explica— se agravaron desde finales de 2024, tras la entrada de un nuevo sistema informático implementado por la Cámara de Comercio de Santo Domingo, el cual centralizó criterios de análisis y redujo la autonomía de las cámaras provinciales. La situación empeoró en 2025 con un “incidente tecnológico” en la plataforma de Fedocámaras, que dejó archivos históricos inhabilitados y provocó retrasos masivos en todo el país. La entidad reconoció la falla, pidió disculpas públicas y anunció medidas correctivas, entre ellas la creación de un segundo centro de datos en Santiago.
Álvarez Martínez enfatizó que la ley faculta —y obliga— al MICM y al Poder Ejecutivo a intervenir cuando una cámara incumple su función, con la posibilidad incluso de revocar su incorporación conforme a la Ley 50-87.
Advirtió que el desorden actual no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que crea condiciones propicias para la corrupción, falsificaciones y fraudes, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país. Recordó que el artículo 147 de la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar servicios públicos funcionales, entre ellos el Registro Mercantil.
Dary Terrero
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