Dary Terrero
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, impuso este lunes una garantía económica de un millón de pesos, así como medidas de presentación periódica e impedimento de salida del país contra el empresario Aquiles Jiménez.
El tribunal tomó esta decisión tras acoger la querella presentada por difamación en perjuicio de la periodista Alicia Ortega y del empresario Fernando Hasbún, en un caso que ha generado gran atención en los últimos días.
Medidas judiciales aplicadas
Jiménez deberá cumplir con la presentación periódica ante las autoridades y no podrá salir del país hasta que concluya el proceso judicial. Además, se estableció una garantía económica de RD$1 millón como parte de las medidas cautelares.
El juez Peguero explicó que estas acciones buscan garantizar la comparecencia del imputado durante todo el proceso y proteger los derechos de las partes afectadas.
Antecedentes del caso
La querella se centra en declaraciones realizadas por Aquiles Jiménez que supuestamente difamaron a la reconocida periodista Alicia Ortega y al empresario Fernando Hasbún.
Las acusaciones generaron repercusión mediática y debates sobre la responsabilidad de los comunicadores y empresarios en el país.
El Ministerio Público y la defensa de las víctimas señalaron que el objetivo de la acción judicial es asegurar la reparación del daño causado y garantizar que hechos similares no se repitan.
Reacciones de los involucrados
Por su parte, Alicia Ortega y Fernando Hasbún recibieron con satisfacción la medida judicial, considerando que envía un mensaje sobre la importancia de la responsabilidad en declaraciones públicas y la protección de la reputación de las personas.
Mientras tanto, representantes legales de Jiménez indicaron que apelarán las medidas y que su cliente colaborará con el proceso judicial.
Seguimiento del caso
El proceso continuará bajo la supervisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y se espera que en los próximos días se celebren audiencias para analizar las pruebas presentadas por ambas partes.
Las autoridades recordaron que la difamación constituye un delito que puede afectar la credibilidad y la reputación de las personas, y que el sistema judicial dominicano garantiza un debido proceso para todos los involucrados.
Redacción DT
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