Dary Terrero
La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) expresó su respaldo a la intención del Congreso Nacional de modernizar el régimen de alquileres en República Dominicana, pero advirtió que el proyecto de ley en estudio incluye disposiciones que podrían afectar la inversión, la propiedad privada y el ejercicio profesional del corretaje inmobiliario.
En un documento enviado a las comisiones uul el mercado de arrendamientos, aunque planteó observaciones técnicas a varios puntos clave.
Rechazan penalización desproporcionada
La principal preocupación del gremio es la propuesta que establece penas de hasta cinco años de prisión contra propietarios que no agoten el procedimiento judicial de desalojo. A juicio de la AEI, esta medida criminaliza una disputa de naturaleza civil y vulnera derechos fundamentales.
“Penalizar al propietario por no seguir un proceso judicial en un conflicto civil es una acción desproporcionada. Esto puede desincentivar la inversión y poner en riesgo la seguridad jurídica del sector”, afirmó Alberto Bogaert, presidente de la AEI.
Cuestionamientos adicionales al proyecto
Además del tema penal, la AEI rechaza que el borrador de ley imponga automáticamente los gastos legales al propietario, contradiciendo el principio del Código Civil que atribuye esos costos a la parte con mayor interés en el proceso.
El gremio también advierte que la falta de claridad sobre la devolución de intereses del depósito de garantía representa un retroceso frente a la Ley 4314, que sí contempla ese derecho del inquilino.
Asimismo, critican que el proyecto omita la diferenciación entre depósito y renta anticipada, lo que podría desordenar la práctica vigente de tres pagos iniciales (dos depósitos y una renta) aceptada en contratos actuales.
Riesgos para el corretaje profesional
La AEI señaló otro punto sensible: la posibilidad de que las nuevas reglas incentiven negociaciones informales, afectando el rol de los agentes inmobiliarios profesionales y comprometiendo la transparencia en las operaciones de alquiler.
“Este proyecto puede tener impactos negativos en leyes futuras, como la de regulación del corretaje, si no se protege adecuadamente la participación de profesionales debidamente registrados”, indicó la entidad.
Apoyo con reservas
Bogaert reafirmó el respaldo de la AEI a una reforma legal que modernice el mercado de alquileres, pero insistió en que debe ser una legislación equilibrada, técnica y funcional.
“Estamos comprometidos con aportar para que esta ley sirva al desarrollo sostenible del sector. Pero necesitamos normas que promuevan la inversión, protejan la propiedad y fortalezcan el rol del agente inmobiliario”, subrayó.
La AEI reiteró su disposición a seguir colaborando con el Congreso Nacional y otros actores del sistema para lograr un marco legal que beneficie a propietarios, inquilinos y profesionales del sector inmobiliario por igual.
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Redacción DT
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