SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció este jueves la cancelación de aproximadamente 20 contratos con suplidores y la desvinculación de 9 colaboradores internos, como parte de las acciones tomadas tras la emisión de un informe preliminar de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que identificó irregularidades en licitaciones para la adquisición de utilería escolar iniciadas en 2024.
Entre los desvinculados figuran los peritos técnicos responsables de las evaluaciones durante el proceso, quienes —según la entidad— incurrieron en violaciones que comprometen la transparencia de los procedimientos.
INABIE colabora con investigaciones en curso
La institución aseguró que ha dado respuesta puntual a todas las solicitudes formuladas por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en el marco de una investigación aún en curso.
Asimismo, informó que está en plena disposición de colaborar con cualquier requerimiento adicional que formule la Procuraduría General de la República (PGR).
“Estamos comprometidos con el cumplimiento de las normativas y con garantizar procesos íntegros en beneficio del sistema educativo nacional”, expresó el organismo mediante comunicado.
Cancelaciones responden a hallazgos de la DGCP
Los contratos anulados corresponden a oferentes seleccionados en procesos de compra que, según la DGCP, presentaron irregularidades técnicas, falta de justificación en las evaluaciones y posibles violaciones al debido proceso de selección.
INABIE aseguró que la decisión forma parte de una política institucional orientada a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la gestión pública.
Medidas preventivas y revisión de procesos
La entidad no descartó que puedan producirse otras acciones disciplinarias o contractuales a medida que avance la investigación y se determinen nuevas responsabilidades.
Además, indicó que se están revisando internamente los mecanismos de evaluación y adjudicación, con miras a prevenir futuras inconsistencias y garantizar que los recursos destinados a la población estudiantil lleguen de forma oportuna y adecuada.








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