Dary Terrero
Luego de varias horas de interrogatorio en la sede del Ministerio Público, el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, fue arrestado la noche de este miércoles junto a su hermana, ambos acusados formalmente de homicidio involuntario por el colapso del techo del establecimiento ocurrido en abril, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
Espaillat y su hermana fueron conducidos bajo custodia por miembros de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de concluir su comparecencia ante los fiscales investigadores del caso.
La detención se produjo tras una orden judicial emitida con base en las pruebas recabadas por las autoridades durante más de dos meses de pesquisas técnicas, testimoniales y documentales.
Proceso judicial y base legal
El abogado del empresario, consultado a la salida del interrogatorio, indicó que se trata de una imputación por homicidio involuntario, amparada en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
Estas disposiciones sancionan la imprudencia, negligencia o inobservancia de normas que deriven en la muerte de personas.
La defensa sostuvo que la medida de coerción que solicitará el Ministerio Público no está justificada, dado que su cliente ha colaborado con la investigación, no representa peligro de fuga y está dispuesto a asumir cualquier responsabilidad que proceda conforme a la ley.
No obstante, la Fiscalía asegura que existen suficientes elementos para justificar prisión preventiva, citando como agravantes la magnitud del daño, las omisiones graves en el mantenimiento del inmueble y la falta de medidas correctivas pese a múltiples advertencias previas.
Detalles del caso Jet Set
La investigación del Ministerio Público reveló que la estructura colapsada tenía filtraciones desde hace décadas, como admitió el propio Espaillat en una entrevista televisiva.
Según informaciones obtenidas por técnicos forenses, el plafón del techo era de yeso, sin soporte estructural adecuado, y se cambiaba regularmente como una solución superficial.
Testimonios de empleados y exempleados, además de denuncias de vecinos, dan cuenta de irregularidades en el mantenimiento del local y de prácticas para silenciar quejas internas.
La noche del colapso, decenas de artistas se encontraban en el lugar celebrando una fiesta conmemorativa, lo que incrementó el número de víctimas.
Posibles consecuencias legales
De ser hallados culpables, Antonio Espaillat y su hermana podrían enfrentar una condena de entre tres meses y dos años de prisión correccional, según lo establece el Código Penal.
Además, deberán responder por demandas civiles millonarias interpuestas por los familiares de las víctimas.
Juristas consultados sostienen que, aunque la tipificación es culposa y la pena penal no es elevada, la dimensión humana y social del caso podría motivar al tribunal a imponer la pena máxima, así como establecer indemnizaciones proporcionales al daño.
Ministerio Público se reserva mayores detalles
La Procuraduría indicó que continuará con las investigaciones y que en las próximas horas se estará depositando la solicitud de medida de coerción.
También señaló que evalúa la posibilidad de ampliar las imputaciones a otros actores vinculados a la administración del establecimiento.
Se espera que en la audiencia de conocimiento de medida de coerción se presenten peritajes estructurales, contratos de mantenimiento, correos electrónicos y declaraciones juradas que demuestran el conocimiento previo de los riesgos por parte del propietario.
Con esta acción, el Ministerio Público busca establecer precedentes de responsabilidad frente a casos donde la negligencia empresarial ha tenido consecuencias fatales.
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