Dary Terrero
La Dirección de Persecución del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de arresto contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril provocando la muerte de varias personas, entre ellas el merenguero Rubby Pérez.
La solicitud fue presentada por el titular de la Dirección de Persecución, Wilson Camacho, y autorizada por un juez competente.
Ambos propietarios fueron citados para comparecer ante las autoridades este miércoles en la sede de la Procuraduría General de la República.
Investigación por tragedia en el Jet Set
La orden de arresto se produce tras la recolección de múltiples evidencias que vinculan a los dueños del establecimiento con posibles actos de negligencia criminal.
El desplome del techo dejó un saldo de al menos siete muertos y decenas de heridos, en un evento que conmocionó al país y encendió las alarmas sobre las condiciones estructurales del icónico local.
Félix Portes: “Es una acción tardía pero necesaria”
El abogado Félix Portes, representante legal de algunas de las víctimas de la tragedia, confirmó la emisión de la orden judicial y valoró el paso dado por el Ministerio Público como “una acción tardía pero necesaria”.
Portes había estado reclamando desde abril el sometimiento de los responsables de la estructura, tras conocerse que el local nunca fue sometido a inspecciones rigurosas, a pesar de haber reportado filtraciones desde los años ochenta.
Hermetismo en torno al proceso
Las autoridades mantienen bajo estricta confidencialidad los detalles del expediente, pero se presume que entre las acusaciones preliminares figuran homicidio involuntario, negligencia criminal, violaciones al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad en Espacios Públicos.
La Dirección de Persecución busca establecer responsabilidades directas por las condiciones inseguras en las que operaba el establecimiento.
Familiares exigen justicia
Familiares de las víctimas han protestado en varias ocasiones exigiendo justicia.
Denuncian que el local fue remodelado días antes de la tragedia y que no contaba con los permisos ni las certificaciones requeridas para realizar eventos con grandes aglomeraciones.
La presión social ha sido determinante para acelerar el proceso judicial.
El caso también ha generado amplias discusiones sobre la supervisión estatal a lugares de entretenimiento.
Próximos pasos del proceso penal
Se espera que en las próximas horas los hermanos Espaillat sean conducidos a la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para fines de investigación.
Posteriormente, el Ministerio Público solicitaría medidas de coerción ante un juez de atención permanente.
El caso Jet Set podría marcar un precedente importante sobre la responsabilidad penal de propietarios de negocios de entretenimiento cuando ocurren tragedias por fallas estructurales o violaciones de seguridad.
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