Dary Terrero
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la conformación de una comisión de veeduría para el proceso de licitación del nuevo sistema de licencias de conducir en República Dominicana.
El anuncio fue publicado este lunes en las redes sociales del titular de la entidad, Carlos Pimentel, en medio de un clima de mayor exigencia social sobre la transparencia en los procesos públicos.
El anuncio ocurre casi dos años después de que la DGCP fuera duramente cuestionada por Participación Ciudadana por no haber atendido una solicitud similar hecha por el entonces director del Intrant, Hugo Beras, sobre una licitación de la red semafórica cuestionada.
Participación Ciudadana había advertido omisión
En noviembre de 2023, Leidy Blanco, coordinadora de análisis político de Participación Ciudadana, criticó públicamente que la DGCP no respondiera a una solicitud formal que Beras habría hecho para contar con veeduría en la licitación del sistema integral de semáforos del Gran Santo Domingo.
“Lo que ha hecho la Dirección de Compras y Contrataciones con el tema de dotar a las diferentes dependencias de un oficial de cumplimiento, debió aplicarse también en ese caso. Era una colaboración que se pedía”, expresó Blanco en ese entonces.
Nuevo contexto, viejos reclamos
El silencio institucional en 2023 contrastaba con la gravedad de las denuncias: se trataba de un contrato millonario, con posibles vicios de legalidad, adjudicado sin la supervisión formal de la DGCP, a pesar de que Beras había solicitado apoyo en el proceso.
Esa falta de acompañamiento, sumada a las dudas generadas por la adjudicación, llevaron a Participación Ciudadana a exigir que se remitieran los hallazgos a la Procuraduría General de la República.
El precedente que marcó el giro
La decisión de Beras de tomar una licencia sin disfrute de sueldo mientras se investigaban las denuncias fue reconocida como positiva.
Sin embargo, la falta de respuesta de la DGCP creó una mancha institucional que ahora podría estar intentando enmendarse con la comisión recién anunciada para otro proceso.
Queda por verse si esta nueva comisión tendrá atribuciones reales de fiscalización o si se trata de un gesto reactivo para enfrentar cuestionamientos acumulados.
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