Dary Terrero
SANTO DOMINGO OESTE.– Varias familias del sector Campo Lindo II, en Hato Nuevo de Manoguayabo, denunciaron haber sido desalojadas de forma arbitraria por agentes policiales y militares, quienes presuntamente intentan adueñarse de los terrenos que ocupan desde hace años.
Los afectados aseguran que la acción se realizó de manera abusiva, sin una orden judicial válida y con un uso excesivo de la fuerza.
Indican que los operativos se desarrollaron en medio de gritos, amenazas y destrucción de pertenencias.
Acusan a policías de vender terrenos del CEA
Los moradores afirman que los terrenos desalojados pertenecen legalmente al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero denuncian que miembros de la Policía Nacional estarían vinculados a un esquema de venta ilegal de solares.
Según relatan, varios agentes estarían promoviendo la venta irregular de parcelas a terceros, y luego utilizan su poder para desalojar a los ocupantes con fines de apropiación personal o en beneficio de allegados.
“Después que uno hace su casita, vienen ellos y sacan a uno a la mala, sin papeles, sin nada, para meter a otra gente. Eso es abuso y es un relajo con el dolor de las familias humildes”, expresó una de las madres afectadas.
Desalojos sin orden judicial ni asistencia legal
Los residentes aseguran que en ningún momento se les mostró una orden judicial ni se contó con la presencia del Ministerio Público, como exige la ley para los desalojos.
Tampoco recibieron notificación previa ni tuvieron oportunidad de defenderse legalmente.
En algunos casos, los militares y policías habrían irrumpido a tempranas horas de la mañana, destruyendo viviendas improvisadas donde vivían niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Los afectados denunciaron además que, tras el operativo, algunos de los agentes presuntamente comenzaron a marcar los terrenos con cintas y numeraciones, lo que interpretan como evidencia de una intención directa de ocupación posterior.
Piden intervención del presidente y del CEA
Ante la situación, los comunitarios de Campo Lindo II hicieron un llamado urgente al presidente de la República y a las autoridades del CEA para que investiguen la legalidad de las acciones y protejan el derecho a la vivienda de las familias vulnerables.
Reclamaron también la intervención de la Procuraduría General, Defensor del Pueblo y organismos de derechos humanos para frenar lo que calificaron como una “campaña de intimidación” contra los sectores empobrecidos.
“Nosotros no nos oponemos a que se organice el uso del suelo, pero que se haga de forma justa, legal y humana. No así, atropellando a la gente pobre como si no valiera nada”, manifestaron voceros comunitarios.
La situación mantiene en tensión al barrio Campo Lindo II, donde se teme que ocurran nuevos desalojos sin garantías legales, lo que ha provocado la movilización de organizaciones comunitarias y líderes barriales.
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