Dary Terrero
La Dirección General de Aduanas (DGA) ha ejecutado un extenso plan de fiscalización entre agosto de 2020 y abril de 2025, en el que se inspeccionaron al menos 181 establecimientos comerciales operados por ciudadanos de origen chino, dedicados principalmente a la venta de mercancías importadas.
Este esfuerzo forma parte de un programa institucional orientado a garantizar el cumplimiento de las normas tributarias y aduaneras vigentes, con el objetivo de evitar el contrabando, la evasión fiscal y las prácticas comerciales desleales en el territorio nacional.
Fiscalización por cumplimiento tributario
Las inspecciones se concentraron en plazas, ferreterías, tiendas por departamentos, bazares y pequeños comercios, muchos de ellos ubicados en zonas estratégicas del Gran Santo Domingo, Santiago y otras provincias del país.
Los equipos de auditoría de la DGA verificaron el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la correcta declaración de importaciones, el pago de aranceles y el uso adecuado de los permisos exigidos por ley para la comercialización de productos específicos.
Impacto y hallazgos
El operativo reveló prácticas recurrentes como la subvaluación de mercancías, uso indebido de regímenes especiales, irregularidades en los documentos de embarque y discrepancias en los inventarios.
Como resultado, se impusieron sanciones económicas y se iniciaron procesos de investigación más amplios sobre las cadenas de suministro y los intermediarios utilizados.
Aduanas explicó que estos hallazgos no sólo tienen implicaciones fiscales, sino también comerciales, ya que afectan la competencia justa en el mercado local y perjudican a negocios formales que cumplen con todas sus obligaciones.
Mayor control sobre importaciones
La DGA ha reforzado los controles de riesgo mediante tecnología y análisis de datos para identificar perfiles sospechosos, lo cual ha permitido una mejor focalización de las auditorías.
Además, se han incrementado los operativos de verificación en puertos, aeropuertos y zonas francas, en coordinación con otras entidades del Estado.
Este plan forma parte de la política de transparencia y fortalecimiento institucional impulsada por la actual gestión, que busca garantizar que todos los actores del comercio nacional operen bajo las mismas reglas.
Relación con la comunidad comercial
Las autoridades indicaron que las acciones no están dirigidas contra ninguna comunidad en particular, sino orientadas exclusivamente al cumplimiento de la ley.
A su vez, aseguraron que se mantienen abiertas al diálogo con los representantes de comercios chinos establecidos legalmente en el país, siempre que se garantice el respeto al marco normativo.
La DGA concluyó que las inspecciones continuarán durante lo que resta del 2025, con especial atención en sectores que muestran mayor incidencia de irregularidades.
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