Dary Terrero
El contador Carlos José Alarcón, vinculado al caso de presunta corrupción encabezado por Alexis Medina, declaró ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que su inclusión en el proceso judicial fue consecuencia directa de su negativa a colaborar con el Ministerio Público.
Durante su defensa material, Alarcón afirmó que recibió un ultimátum por parte de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Según explicó, le ofrecieron la posibilidad de colaborar con la investigación a cambio de no ser procesado, pero al negarse a aceptar esa condición, se vio involucrado en el expediente judicial que acusa a más de 30 personas por presunta estafa al Estado.
Acusaciones por más de cinco mil millones
El proceso en el que está implicado Alarcón forma parte del expediente contra Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y otras figuras acusadas de conformar una estructura que habría desfalcado al Estado dominicano con más de cinco mil millones de pesos.
El Ministerio Público asegura que esta red utilizó compañías fachada para obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, valiéndose de vínculos políticos y maniobras fraudulentas en licitaciones.
Denuncia presiones del Ministerio Público
Alarcón indicó ante las juezas que su única falta ha sido desempeñar su rol de contador para una de las empresas investigadas, y que en ningún momento participó en actos ilegales.
“Estoy aquí porque me negué a ser testigo de la fiscalía. Me dijeron que, si no colaboraba, iba preso. Y aquí estoy”, expresó.
Con estas declaraciones, el imputado busca desmontar las acusaciones que pesan en su contra y desmarcarse del resto de los implicados en la presunta red de corrupción administrativa.
Avanza el juicio del caso Pulpo
El juicio que se sigue por el caso conocido como “Operación Antipulpo” ha sido uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
La defensa de varios implicados ha planteado que existe un patrón de “represalias procesales” contra quienes se han negado a aceptar acuerdos con la fiscalía o colaborar en contra de otros imputados, mientras que el Ministerio Público sostiene que las pruebas presentadas son suficientes para establecer responsabilidad penal individual.
El proceso continúa su curso, con las exposiciones de defensa material de los acusados ante el tribunal.
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