Dary Terrero
Miembros del Ejército de la República Dominicana detectaron un asentamiento de inmigrantes ilegales en una finca propiedad del alcalde del Distrito Municipal de Belloso, Isaac Reynoso Brito, ubicada en el municipio de Luperón, provincia Puerto Plata.
El hallazgo se produjo durante un operativo de verificación rutinaria en la zona, donde los soldados encontraron a varios ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular, presuntamente empleados como trabajadores agrícolas en la propiedad del edil.
Actitud desafiante del alcalde
Durante la intervención, los agentes militares grabaron un video que ha comenzado a circular en redes sociales, en el que se escucha al propio alcalde Isaac Reynoso Brito reaccionar de forma incómoda ante la presencia del Ejército.
En el material audiovisual, el funcionario se niega a identificarse ante los uniformados y cuestiona que se le impida emplear inmigrantes ilegales en sus fincas.
“¿Y quién me prohíbe a mí tener ilegales trabajando?”, se escucha decir al alcalde, en una afirmación que ha generado indignación en algunos sectores, al tratarse de un funcionario público que debería dar ejemplo en el cumplimiento de la ley.
Las autoridades militares documentaron el caso
Según información obtenida de fuentes militares, el asentamiento estaba compuesto por al menos una decena de trabajadores de nacionalidad haitiana, los cuales no pudieron mostrar documentos que validaran su estatus migratorio legal.
Los soldados del Ejército registraron el incidente en un informe oficial y enviarán los detalles correspondientes a la Dirección General de Migración y al Ministerio Público para que se determinen las acciones legales pertinentes.
Reacción pública y repercusiones
El video, que muestra al alcalde discutiendo con los agentes y evadiendo dar su identificación, ha encendido el debate en redes sociales y provocado reacciones encontradas entre ciudadanos que exigen una investigación y posibles sanciones.
Diversos sectores han comenzado a cuestionar la complicidad de autoridades municipales en el empleo de mano de obra ilegal, mientras el Gobierno mantiene operativos para frenar la migración irregular, especialmente desde Haití.
La legislación dominicana prohíbe expresamente la contratación de personas en situación migratoria irregular, y establece sanciones para los empleadores que violen esta norma, incluyendo funcionarios públicos.
Exigen respuestas institucionales
Organizaciones sociales y defensores del cumplimiento del marco legal han pedido a la Liga Municipal Dominicana y a la Junta Central Electoral que tomen cartas en el asunto.
Alegan que no puede tolerarse que un alcalde actúe al margen de la ley ni que desestime la autoridad de los cuerpos castrenses.
Hasta el momento, el alcalde Román Israel Brito no ha ofrecido declaraciones públicas formales más allá de lo expuesto en el video, y se desconoce si será citado por las autoridades correspondientes.
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