Dary Terrero
Cuatro destacadas figuras del periodismo dominicano han interpuesto querellas penales por difamación e injuria en medios digitales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez iniciaron estas acciones legales en defensa de su honor y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
Denuncian ataques sistemáticos en plataformas digitales
Las querellas fueron presentadas en el marco de la legislación penal vigente, con el objetivo de enfrentar lo que los afectados consideran campañas de descrédito impulsadas desde cuentas y plataformas digitales que buscan dañar su reputación.
El equipo legal que representa a los comunicadores está conformado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Según explicaron, las acciones se fundamentan en los derechos constitucionales de libertad de prensa y protección a la dignidad personal.
Libertad de expresión con responsabilidad
Los querellantes han sido defensores constantes del periodismo crítico e independiente, lo que los ha expuesto a ataques personales por sus posturas frente a temas de interés nacional.
Alegan que algunas de esas agresiones han sobrepasado los límites de la crítica legítima, convirtiéndose en expresiones difamatorias sostenidas de manera sistemática.
Los abogados destacaron que estas acciones no constituyen una amenaza a la libertad de expresión, sino un ejercicio legítimo de defensa ante los abusos del entorno digital, donde a menudo se difunden informaciones sin verificación y con clara intención de hacer daño.
Llamado a la ética en la comunicación digital
La presentación de estas querellas reabre el debate sobre el uso responsable de las plataformas digitales, especialmente en un contexto donde el periodismo tradicional convive con una creciente ola de contenidos emitidos sin criterios éticos ni responsabilidad profesional.
Los querellantes reiteraron su compromiso con el periodismo libre y plural, pero también con el respeto a la integridad moral de los ciudadanos, incluidos quienes ejercen una función pública o de opinión.
Este caso podría sentar precedentes en la República Dominicana respecto a la difamación digital, al tiempo que pone sobre la mesa la necesidad de una regulación que garantice la convivencia entre libertad de expresión y responsabilidad legal.
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