Dary Terrero
Santo Domingo. – Joaquín Alexander Hidalgo Marte y Alex Elvin Cruz Díaz, dos jóvenes que fueron imputados erróneamente en el asesinato de la joven Paula Santana, anunciaron que demandarán al Estado dominicano por los daños físicos, emocionales y morales sufridos durante su injusta prisión preventiva de ocho meses.
El abogado Juan Manuel Mateo Medina, quien representa a los excompañeros de la víctima, informó que el caso fue archivado por las autoridades debido a la falta de pruebas contundentes que vincularan a sus defendidos con el crimen, lo cual, según explicó, constituye una grave falla del sistema judicial y una vulneración a los derechos fundamentales de los acusados.
Acusación sin pruebas los llevó a prisión
Hidalgo Marte, de 38 años, y Cruz Díaz, de 23, fueron señalados inicialmente por las autoridades como posibles responsables del homicidio de Paula Santana, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en circunstancias violentas.
Sin embargo, las investigaciones posteriores descartaron su participación, lo que llevó a su liberación tras casi un año de privación de libertad.
“El expediente no contenía ningún elemento probatorio que justificara la prisión de estos jóvenes. El Ministerio Público actuó de forma precipitada, sin una investigación adecuada, y eso destruyó la vida de dos ciudadanos inocentes”, declaró Mateo Medina.
Demanda contra el Estado
La acción legal que interpondrán busca una indemnización por los daños causados, incluyendo la afectación emocional, el daño a su reputación, la pérdida de oportunidades laborales y el estigma social que aún enfrentan.
El abogado afirmó que se trata de un caso emblemático que evidencia la necesidad de una reforma profunda en los procesos de investigación y aplicación de la prisión preventiva en la República Dominicana.
“Hoy reclamamos justicia no solo para Paula Santana, sino también para quienes, sin tener vínculo con su muerte, fueron convertidos en chivos expiatorios del sistema”, sostuvo.
Un caso que sigue generando reacciones
El asesinato de Paula Santana generó una gran conmoción social en el país, y aunque recientemente se impuso un año de prisión preventiva al confeso autor, el conocido como “Linarito”, las repercusiones del caso continúan extendiéndose.
Familiares de los jóvenes liberados expresaron su indignación por el sufrimiento vivido y advirtieron que lucharán hasta que se repare el daño.
“No queremos venganza, pero sí que el Estado se responsabilice por lo que hizo”, dijo un pariente de uno de los jóvenes.
El caso pone nuevamente en tela de juicio el uso excesivo de la prisión preventiva como mecanismo de presión o castigo anticipado, incluso en ausencia de pruebas, y reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en situaciones de detención arbitraria.
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