Dary Terrero
El comunicador y analista político Dary Terrero hizo un llamado público a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para que amplíe sus investigaciones sobre otras posibles irregularidades en los procesos de compras realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
A través de un mensaje publicado en la red social X, Terrero cuestionó la legalidad del contrato otorgado a la empresa “Calidad a Tiempo”, la cual habría sido contratada para suplir textiles y, al mismo tiempo, servir como almacén.
Esto, según sus palabras, podría violar los lineamientos de contratación establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
El comentario se produjo en el contexto de la Semana Santa, acompañado de una reflexión que apunta a la importancia de la transparencia y la vigilancia ciudadana, incluso en fechas de recogimiento espiritual.
Contrato bajo la lupa
Según Terrero, la empresa beneficiada no contaría con la capacidad técnica ni las credenciales requeridas para operar como proveedor logístico y textil de forma simultánea.
Esta situación ha despertado interrogantes sobre la rigurosidad de los procesos internos del Inabie y la idoneidad de sus contratistas.
Documentos asociados al caso indican que los terrenos utilizados como almacén fueron adquiridos mediante contratos anteriores entre Proindustria y las empresas Agrosa y Calidad a Tiempo.
Las cláusulas de estos acuerdos establecen precios por metro cuadrado, formas de financiamiento y uso de los espacios, pero no se especifica su adecuación para fines escolares o logísticos dentro del ámbito del Inabie.
Proindustria vendió los terrenos
Los registros muestran que la Corporación de Fomento Industrial (Proindustria) vendió los terrenos en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste a las empresas mencionadas.
El acuerdo incluía pagos fraccionados y condiciones de uso que podrían no coincidir con la naturaleza de las funciones asumidas posteriormente por el Inabie.
En los documentos revisados por este medio, también se evidencia que parte de la deuda se completó en el año 2021, con el objetivo de formalizar la propiedad del inmueble, lo cual no descarta que se haya destinado a fines distintos a los estipulados inicialmente.
Terrero solicita a la DGCP intervenir
Terrero exhortó al director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, a intervenir en el caso para esclarecer si existió algún tipo de irregularidad en la adjudicación. Insiste en que una empresa no puede asumir responsabilidades logísticas y de suministro de forma simultánea sin violar la normativa.
La contratación bajo sospecha podría configurar un uso indebido de fondos públicos o una mala práctica administrativa que debe ser corregida. Por ello, el comunicador sugiere que este contrato sea auditado con el mismo rigor con que se han investigado otros procesos en el Inabie.
“Les dejo esa reflexión para esta Semana Mayor”, escribió al cierre de su mensaje, apelando a la conciencia colectiva sobre la necesidad de transparencia en la administración pública.
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