Dary Terrero
El Primer Tribunal Colegiado de La Vega declaró extinguida la acción penal en contra de Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López.
La decisión ha generado reacciones encontradas, ya que López enfrentaba una acusación por presunto lavado de activos relacionados al narcotráfico.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, mostró su desacuerdo de inmediato y anunció que apelará la sentencia.
Fallo inesperado del tribunal
El tribunal, presidido por la magistrada Lucrecia Rodríguez, determinó que no podía continuar el proceso penal contra Micky López.
Esta decisión representa un giro significativo en un caso que ha sido seguido de cerca por la opinión pública y los medios nacionales.
La fiscal calificó el fallo como “la crónica de una muerte anunciada”, dejando claro su descontento con la resolución judicial.
Caso vinculado al narcotráfico y lavado
Micky López fue señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una supuesta red de lavado de activos.
Según el expediente, el origen de estos fondos sería el narcotráfico, y habrían sido canalizados a través de diversas actividades comerciales y bancarias.
A pesar de las acusaciones, el tribunal optó por cerrar el proceso penal, lo que plantea dudas sobre los argumentos presentados en la audiencia.
Su esposa ya fue condenada
Un detalle que ha llamado la atención es que, por los mismos hechos, Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Micky López, fue condenada anteriormente.
La exdiputada recibió una sentencia de cinco años de prisión por el delito de lavado de activos, aunque su defensa ha apelado.
Ella fue juzgada bajo jurisdicción privilegiada, dado su antiguo rol como legisladora de la República Dominicana.
Reacción del Ministerio Público
El Ministerio Público ha manifestado que agotará todos los recursos legales para revertir la decisión tomada por el tribunal de La Vega.
Enfatizan que existen pruebas suficientes que vinculan a Micky López con operaciones ilícitas de carácter financiero y actividades de lavado.
El equipo de fiscales trabaja en la elaboración del recurso de apelación, el cual será depositado dentro de los plazos establecidos por la ley.
Opinión pública dividida
La noticia ha provocado una avalancha de opiniones en las redes sociales y espacios de opinión.
Mientras algunos celebran la decisión judicial, otros critican la falta de consecuencias para personas vinculadas a delitos financieros graves.
Diversos sectores de la sociedad civil también han cuestionado el papel del sistema judicial en casos de alto perfil.
Diferencia de criterios jurídicos
Una de las principales interrogantes gira en torno a cómo es posible que, con los mismos hechos, una persona sea condenada y otra quede libre de cargos.
Este contraste ha sido calificado por expertos legales como una señal de las debilidades estructurales del sistema judicial dominicano.
Abogados y analistas jurídicos piden mayor claridad en los fundamentos de las decisiones judiciales, especialmente en casos tan delicados.
Posible impacto político
El caso también ha tenido repercusión en el ámbito político, dado que involucra a una exlegisladora y a un empresario con supuestas conexiones de poder.
Analistas consideran que este tipo de decisiones puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y políticas del país.
El seguimiento al recurso de apelación será clave para determinar si esta decisión queda firme o si se reabre el proceso penal.
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