Dary Terrero
El Gobierno de la República Dominicana ha emitido el decreto 105-25 con el objetivo de racionalizar el gasto público y promover una administración eficiente.
Esta medida busca garantizar un manejo más transparente de los fondos públicos, beneficiando especialmente a los sectores más vulnerables.
El decreto establece una serie de prohibiciones y limitaciones en diversas áreas de la administración pública.
Estas acciones buscan reducir gastos superfluos y optimizar el uso de los recursos del Estado.
Prohibición de compra de vehículos de motor
Una de las medidas más destacadas es la prohibición de adquirir vehículos de motor.
Solo se permitirán compras excepcionales con autorización escrita del ministro Administrativo de la Presidencia y cumpliendo con las normas aplicables.
Limitaciones en el uso de vehículos oficiales
El uso de vehículos oficiales queda restringido durante sábados, domingos y días feriados. Solo se permitirá su uso en labores esenciales con autorización específica.
Se exceptúan de esta disposición los servidores públicos vinculados a la seguridad nacional, personal del sector salud y aquellos dedicados a servicios públicos esenciales.
Restricciones en viajes oficiales al exterior
Los viajes al exterior de funcionarios públicos se limitan a un máximo de dos representantes por institución en eventos oficiales.
Esta medida busca reducir gastos innecesarios y fomentar la eficiencia en la representación institucional.
Reducción de gastos superfluos
El decreto enfatiza la importancia de disminuir gastos innecesarios, como publicaciones promocionales, fiestas, donaciones y remodelaciones no esenciales.
Estas acciones buscan garantizar un manejo más eficiente y transparente de los fondos públicos.
Control de exoneraciones y exenciones
Las exoneraciones y exenciones de vehículos de motor deberán autorizarse conforme a las leyes vigentes.
Se denegará toda solicitud que no tenga base legal, reforzando el compromiso del gobierno con la transparencia y la legalidad en la gestión pública.
Implementación y seguimiento de las medidas
El Ministerio Administrativo de la Presidencia será el encargado de la implementación y seguimiento de estas medidas.
Este organismo velará por el cumplimiento efectivo del decreto, asegurando que las instituciones públicas adopten las disposiciones establecidas para racionalizar el gasto público.
Con estas acciones, el gobierno reafirma su compromiso de promover una administración pública eficiente y racional.
La correcta aplicación de estas medidas es fundamental para alcanzar una gestión pública más transparente y orientada al bienestar de la ciudadanía.
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