Aeropuerto Las Américas.- Al menos 180 mil exfuncionarios tiene impedimento de salida del territorio nacional, de un total de los más de 500 mil dominicanos a los que se les ha puesto sanción por alegada violación a los tipos penales que configuran el lavado de activos, tráfico de drogas, corrupción administrativa, asociación de malhechores, trata de personas y otros crímenes internacionales.
Datos obtenidos por Dary Terrero, a través de una fuente ligada al Aeropuerto Internacional de Las Américas, indican que entre los impedidos de salir del país, hay más de 180 mil exfuncionarios, altos oficiales activos y retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Así como políticos, jueces y otros funcionarios ligados a la justicia acusados de cometer faltas graves para beneficiar narcotraficantes y a otros integrantes de estructuras del crimen internacional.
Quebrantan leyes
La medida coercitiva también pesa contra otras personas que han quebrantado las leyes dominicana y que afectan a otras naciones, especialmente a Los Estados Unidos.
Casos de corrupción
Entre los más perjudicados con impedimento de salida están los imputados en los escándalos de corrupción administrativa, como es el caso de varios exfuncionarios, civiles, militares y policiales que fueron encartados en el expediente de los casos Coral, Coral 5 G, Anti pulpo, Medusa, Calamar y otros que están bajo la lupa de la justicia.
También hay impedimentos de salida contra personas vinculadas en casos de desfalco, fraudes bancarios y financieros, por estafa, por crímenes, accidentes de tránsito, por casos de litis por posesión de bienes y demandas por manutención de hijos, por violencia de género y por otros delitos..
Las fuentes que dieron los detalles a periodistas de este medio, dijeron que hay muchos de los casos, sobre accidentes de tránsito, Litis por tenencia de bienes y manutención de menores, que ya prescribieron y que aun así, los impedimentos son mantenidos vigentes.
Los impedimento de salida del contra personas, son colocados por la Procuraduría General de la República a petición y sentencias de tribunales y jueces y se aplican a través de la Dirección General de Migración en los diferentes aeropuertos nacionales y puertos.